Cualquier otro lunes de una semana normal habría alumnos en las aulas de las autoescuelas. Ayer, no. La larga huelga de examinadores, que lastra al sector desde el 19 de junio y amenaza con seguir, ha generado los primeros cierres de centros, manda profesores al paro "todos los meses" y ha convertido los EREs temporales en la costumbre de un sector que pide auxilio. Desde junio se han suspendido en Asturias unas 5.000 pruebas, y como la huelga ha caído en la temporada alta de la autoescuela -el trimestre que incluye el verano y sus aledaños-, el sector ya da el año por perdido y calcula que la facturación caerá al cierre de este año un sesenta por ciento. Si el conflicto salarial entre los funcionarios y el Estado no encuentra remedio en el corto plazo, la autoescuela se encamina hacia un "escenario terrorífico". La llamada de socorro de Rubén Castro, presidente de la asociación de empresarios del ramo en Asturias, es la de quienes se han visto obligados a buscar aire en el crédito, o la de la empresa que ya ha tenido que cerrar una de las dos sedes que tenía abiertas en Gijón, o la del caso similar de Avilés, o la de muchos formadores que no pueden trabajar por falta de alumnos.

La huelga se ha mezclado en un dañino cóctel de factores con las repercusiones de la crisis económica, con la persistencia de la demográfica y con la merma en la plantilla de examinadores, que las jubilaciones ya habían reducido en Asturias de 22 a catorce, lamenta Castro. De esos catorce hay además alguno en situación de baja de larga duración por enfermedad y en Gijón ya sólo quedan tres que únicamente examinan los jueves y los viernes. Es en esas circunstancias donde su huelga prolongada, derivada de la promesa de subida de sueldo que los funcionarios denuncian incumplida desde su paros reivindicativos en 2015, ha encallado en una demanda de subida del complemento específico que la Dirección General de Tráfico les niega, o que más bien rehúsa el Ministerio de Hacienda, el organismo a la que la DGT ha trasladado la reivindicación por ser el competente en las cuestiones retributivas de los empleados públicos.

Sin examinadores hay menos pruebas, sin exámenes los alumnos desisten y esa secuencia perversa, alargada ya durante cerca de cuatro meses y medio, empieza a llevarse por delante empresas y trabajadores. Cada autoescuela asturiana puede llevar a sus aspirantes al examen práctico una única vez al mes y con suerte, apuntan los representantes de la Unión de Empresarios del sector, consigue que entre un quince y un treinta por ciento de los alumnos que presenta puedan someterse efectivamente a la prueba. La incertidumbre sobre las fechas de las convocatorias contrae las matriculaciones y la sucesión de perjuicios encadenados hace crecer los problemas para un sector con "unas 150 puertas abiertas" en Asturias del que dependen "aproximadamente seiscientas familias en empleo directo" y que percibe, afirma Rubén Castro, "un goteo de profesores que se envían al paro porque con semejante descenso en el número de alumnos no hay nada que mandarles".

Por todas esas razones, la Unión de Empresarios de Autoescuelas de Asturias acompaña su petición de auxilio con un "llamamiento desesperado". Se dirige "a la DGT, al colectivo examinador, al Gobierno de España y a cuantas instituciones puedan ayudar a desbloquear el conflicto para que a la mayor brevedad posible se restablezca la normalidad en el servicio de exámenes de conducir, vital para los aspirantes a conductores y para el sector de la formación vial en Asturias". Sufren, dicen, ellos, sus trabajadores, sus alumnos y proveedores.

La apelación al diálogo llega en un momento de enquistamiento de posturas en el que el comité de huelga ha presentado la solicitud para exteneder los paros al mes de noviembre. Toda la negociación entre los trabajadores y el Gobierno ha estado trufada de desencuentros, desde la reivindicación de los 249 euros mensuales de complemento específico que centran el conflicto hasta la discrepancia entre las partes respecto a los servicios mínimos.