La polémica por los cambios de función de un grupo de psiquiatras del área sanitaria de Oviedo se ha puesto incandescente. Izquierda Unida ha denunciado que considera un "tufo machista" que el Gobierno regional mezcle sus críticas a la reorganización del área de Salud Mental con el hecho de que una de las afectadas sea la esposa del diputado de IU Gaspar Llamazares. La coalición pidió ayer, a través de un comunicado público, que intervenga el Instituto de la Mujer, y alertó de que esta actitud del Ejecutivo asturiano pone en riesgo la construcción de "una pluralidad de izquierdas", en alusión a la negociación de los Presupuestos del Principado para 2018, que está en marcha.

La autora de las medidas que incluyen estos traslados es Beatriz Camporro, nueva directora de Salud Mental del área sanitaria con cabecera en Oviedo, quien ya había recibido el apoyo explícito del gerente del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y ayer fue respaldada por el Gobierno regional. El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, destacó que la doctora Camporro fue designada tras un procedimiento selectivo público "con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad" en el que se valoró su proyecto. El portavoz del Gobierno asturiano dejó patente "su respeto absoluto" a la gestión de la responsable de la atención psiquiátrica de Oviedo y el centro de la región.

Desde IU, Alejandro Suárez, secretario de organización, hizo hincapié en que nada tiene que ver el frontar rechazo de la coalición a la reorganización de la red de salud mental con el hecho de que a Ana Isabel González, esposa de Llamazares, se le haya comunicado el traslado de un centro de La Corredoria a otro de San Lázaro (Oviedo). "Tratar de defender los cambios acudiendo para desvirtuar las críticas a parentescos es un acto de cinismo impresentable que, además, oculta un intolerable tufo machista", argumentó el dirigente de la coalición. Suárez agregó que la doctora González atesora "una acreditada carrera profesional dentro y fuera de Asturias", y aseveró que el rechazo de IU se dirige a lo que considera "una purga de funcionarios", "la disolución del centro de atención integral de la Corredoria" y, en definitiva, "una contrarreforma del modelo de atención mental".

Otro afectado por los cambios, que pasaría de una función a otra dentro del complejo psiquiátrico de La Corredoria, es José María Fernández, quien en el pasado reciente ocupó dos cargos de mucha relevancia en el Sespa con gobiernos socialistas: primero, responsable de la unidad de coordinación de Salud Mental del Sespa y, después, director de Servicios Sanitarios -número dos en la jerarquía de mando- del Servicio de Salud, entre 2013 y 2015.