La herida mal cerrada de las discordias entre socialistas asturianos amenaza con volver a hacer saltar la sutura por el mismo punto por donde ya se rasgó hace algunos meses, a cuenta de la posición del partido respecto al nuevo cálculo del cupo vasco. El PSOE, o su grupo parlamentario en la Junta, se abstuvo ayer dos veces, por indicación directa de la Federación Socialista Asturiana (FSA), ante otras tantas iniciativas parlamentarias que pretendían incitar al Gobierno del Principado a oponerse y a actuar judicialmente contra el método para computar los pagos del concierto de las comunidades forales. Ciudadanos e IU trataban de levantar un frente político de oposición al acuerdo entre el PP y el PNV, bendecido el pasado noviembre por casi todo el Congreso, apoyado por el PSOE en Madrid y en su día criticado por insolidario y extemporáneo desde el Principado y la bancada socialista en la Junta.
Es de ahí de donde ayer se apeó el PSOE, pero fue obedeciendo órdenes internas. En las filas socialistas llueve sobre mojado en esta cuestión sensible que hace unos meses ya atizó la discrepancia entre la nueva mayoría afín a Pedro Sánchez que domina la cúpula del partido en Asturias y la vieja guardia que todavía manda en el Gobierno y el grupo parlamentario. La abstención de ayer respondió, según ha podido saber este periódico, a una directriz de la FSA no necesariamente coincidente con lo que habría sucedido de no haber mediado esas instrucciones.
El caso es que el PSOE se abstuvo y que así decayó una de las dos propuestas, muy similares, que ayer se votaban en la sesión plenaria de orientación al Gobierno en la Junta. No prosperó la de la formación naranja -con ellos e IU a favor, PP y Foro en contra y las abstenciones de PSOE y Podemos-, pero sí la de la coalición, que cuestiona la constitucionalidad del nuevo cupo y que salió adelante después de que el grupo proponente atrajese a Podemos al voto a favor previa aceptación de sus enmiendas. La abstención de los socialistas chirriaba, y no sólo porque el PSOE no suele hacerlo -en esta legislatura sólo dejó de votar a favor o en contra ante una propuesta de resolución sobre la oficialidad del asturiano planteada tras el último debate de orientación política-, también por el contraste con la postura de más de un destacado socialista en el no tan lejano debate de noviembre.
En aquel tiempo, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, criticó en la Junta el acuerdo que sus compañeros de partido habían respaldado en el Congreso, cuestionándolo por beneficioso para el PP -que así allanaba sus presupuestos- y por perjudicial para los intereses de Asturias. El secretario general de la FSA, Adrián Barbón, reconvino entonces públicamente a Lastra.
"Sobrefinanciación"
El asunto volvía ayer a la Junta por partida doble, en dos propuestas muy parecidas que Ciudadanos e IU defendieron con algunos guiños a lo que algunos socialistas asturianos y el presidente del Principado, Javier Fernández, han defendido siempre sobre esta cuestión. Margarita Vega, la diputada socialista que defendió la postura de su grupo en el pleno de ayer, lo hizo asintiendo a la "sobrefinanciación" que privilegia a las comunidades forales en detrimento de las de régimen común y a la convicción de que "el cálculo del cupo tiene mucho que ver en eso". "Es obvio que algo pasa con el cupo", dijo, y cuando parecía que todo indicaba hacia el voto a favor, el quiebro llegó allí donde añadió que "estando de acuerdo con muchas de las cuestiones que se plantean, nos abstendremos porque no queremos confusiones. No vamos a impugnar lo ya acordado ni mucho menos a abordar la presentación del recurso de inconstitucionalidad" que IU reclamaba en la exposición de motivos de su propuesta. "Centrémonos en buscar un sistema de financiación autonómica adecuado", remató Vega.
El cálculo de los pagos que el País Vasco debe abonar al Estado por las competencias no transferidas experimentó una sustancial rebaja en la nueva ley que calcula su cuantía para el periodo 2017-2021. Sin cuestionar la constitucionalidad del concepto, convinieron los proponentes, cabe rechazar el método de cálculo por "sus consecuencias sobre la solidaridad interterritorial", dice la iniciativa de Ciudadanos, y por su afección, apunta la de IU, sobre ese principio constitucional y los que garantizan el equilibrio económico entre las partes del Estado o la igualdad de derechos de sus ciudadanos.
