22 de febrero de 2018
22.02.2018

Condenada a siete años de inhabilitación una funcionaria que partió contratos en Educación

El Principado abonó 36.209.25 euros a una empresa por dos aplicaciones informáticas interrelacionadas

22.02.2018 | 14:49
La acusada, R. M. G. B.

El Juzgado de lo Penal 2 de Oviedo ha condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación a una exjefa del servicio de Formación del Profesorados y Apoyo a la innovación educativa de la Consejería de Educación, acusada de partir un contrato en dos menores y remitirlos al servicio de contratación de forma separada, dificultando la apreciación de los hechos. El fallo implica que no podrá ejercer ningún empleo público durante el tiempo de condena. Según el fallo, el Principado abonó a la empresa Treelogic 36.209,25 euros por dos aplicaciones informáticas interrelacionadas.

La acusada, R. M. G. B. se escudó en su declaración durante la vista oral, por un lado, en el desconocimiento de cuestiones técnicas, y por otro, en el hecho de que el servicio de Contratación no hubiese puesto pegas a los expedientes.

La sentencia judicial considera como hecho probado que la exfuncionaria presentó una solicitud de una oferta de contrato menor para la creación de una nueva aplicación informática de Registro de Fomanción del Profesorado exigiendo unas características técnicas basadas en la necesidad de contener las mismas funcionalidades que GIFP, pero solucionando problemas de exportación e importación de datos y generación de informes, e incluir una funcionalidad para la creación de certificados de formación válidos con firma digital y que se almacenen en el Gestor Documental del Principado. El precio máximo de licitación se fijó en 17.999,99 euros (sin IVA), y la finalización del plazo para la conclusión del trabajo se señaló el 20 de diciembre de 2013.

El contrato se le adjudicó a Treelogic, y la ahora condenada hizo propuesta de resolución el 22 de noviembre para aprobar un gasto de 21.749,75 euros, con IVA incluido. El 27 de diciembre, la empresa emitió una factura por dicho importe con la conformidad de la entonces jefa del servicio.

De manera simultánea, la acusada emitió otra solicitud de oferta de contrato menor para la creación de un servicio electrónico que permitiera a los usuarios descargarse un certificado válido y legal de su formación inscrita en el Registro de Formación. El presupuesto máximo de licitación se cifró en 12.000 euros, sin IVA, y el plazo para la conclusión del trabajo se fijó el 27 de diciembre de 2013. Este proyecto también se le adjudicó a Treelogic, y la exjefa del servicio firmó el 16 de diciembre la propuesta de resolución para abonar a la mercantil 14.459,5 euros, con IVA. La compañía emitió el 27 de diciembre una factura por dicho importe.

Según la sentencia, el primero de los contratos se remitió al Servicio de Contratación el 25 de noviembre, y el segundo el 16 de diciembre, "tramitando ambos como contratos menores a pesar de que ambas aplicaciones estaban interrelacionadas entre sí y que debían haber sido tramitadas con un único contrato, con sometimiento a los principios de transparencia, publicidad, concurrencia, e igualdad de trato y no discriminación, actuando la acusada a sabiendas de la ilegalidad de tal fraccionamiento, espaciando la remisión de ambos expedientes a fin de que pasara inadvertido al Servicio de Contratación".

Añade la sentencia que ambas facturas fueron abonadas el 30 de enero de 2014, "a pesar de que Treelogic aún no había dado cumplimiento a los términos del contratos, al no haber creado ninguna de las aplicaciones objeto de la contratación, que iban a ser desarrolladas conjuntamente, siendo la acusada conocedora de la imposibilidad de su creación y desarrollo en esa fecha, y sin consultar siquiera al personal a su servicio sobre la fase en que se hallaban las aplicaciones en esa fecha".

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