Sobre la Sindicatura de Cuentas y su política de personal descargó ayer en la Junta un chaparrón de reproches que llevaron a PP, Foro y Ciudadanos hasta la petición de dimisión del síndico mayor, Avelino Viejo. Sin llegar a tanto, todo el resto de la oposición parlamentaria confluyó en bloque en el requerimiento al organismo fiscalizador de una inmediata rectificación de sus procedimientos de provisión de puestos de trabajo. La catarata de recriminaciones, a la que sólo escapa el PSOE, sucede a la sentencia, revelada por LA NUEVA ESPAÑA, en la que el Tribunal Superior (TSJA) anula 25 de las 39 plazas de trabajadores de la institución por abusar de un sistema de adjudicación que en un caso prescindió del concurso para designar "a dedo" al director de fiscalización y en otros 24 se excedió en el uso de un modelo que en la práctica equivale a un concurso a la carta para nombrar funcionarios de confianza.

Las reacciones de la cámara dejaron al PSOE solo al margen del abierto reproche colectivo al proceder de la Sindicatura, que toda la oposición considera incompatible con el carácter ejemplarizante que se le supone al organismo encargado de velar por la transparencia y las buenas prácticas en la gestión pública. Esa contradicción es "una vergüenza" en opinión del secretario general del PP de Asturias, Luis Venta, que se asombra a la vista de que "el órgano fiscalizador de la contratación del personal y de la gestión económica de las instituciones del Principado esté realizando este tipo de prácticas muy oscuras". El diputado popular sostiene que el síndico mayor "debería pedir perdón a los asturianos y marcharse" y se recuerda pidiendo ya en 2014 la dimisión de Viejo por lo que considera era "preparar el terreno para lo que está ocurriendo ahora. Estaba poniendo todos los impedimentos posibles al personal para conseguir que se marchasen, para acomodar 'a dedo' a determinadas personas que seguramente hacen los informes tal vez no a petición de parte, pero sí del modo más favorable posible para el síndico mayor".

En la demanda de dimisión encuentra Venta la compañía de Ciudadanos y Foro. El diputado de la formación naranja Armando Fernández Bartolomé justifica la petición en la constancia de que "más allá de que la sentencia no sea firme, una institución de este tipo debe tener ejemplaridad pública", y remata con la sensación compartida por otros de que llueve sobre mojado no sólo en la Sindicatura, que ya ha recibido otra sentencia de este tenor y en este mismo asunto el reproche de la Mesa de la Junta y de los servicios jurídicos de la cámara. La presidenta de Foro, Cristina Coto, asiente a que el de la Sindicatura es "un tema viejo", y no sólo por el apellido del síndico mayor. Ella también recuerda la obligación de ejemplaridad que asiste al ente fiscalizador para valorar que la dimisión de Viejo es "la única salida proporcional a los hechos. La Sindicatura está más obligada que nadie a ser ejemplar y no puede ser el chiringuito de la contratación a dedo del síndico mayor", remata.

En el lado del reproche público sin llegar a pedir renuncias están Podemos e IU. El diputado de la formación morada Enrique López no se atreve a pedir la dimisión, pero sí exige a Viejo "que inmediatamente arregle la situación que tiene en su personal en la línea de lo que plantea el TSJA". "No puede ser el síndico mayor el que decida quién trabaja y quién no en la Sindicatura", enlaza después de recordar otras controversias parlamentarias previas instadas por su grupo sobre la provisión de puestos en la Sindicatura y de recordar que ésta debe "dar ejemplo y ser independiente" de verdad, no de modo "formal" como hasta ahora, con un antiguo alto cargo del PSOE al frente y con un pasado en el que ejerció como síndica la que hoy es presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, valora con tristeza "una sentencia previsible. Llueve sobre mojado y no es la primera vez", lamenta, "que la Sindicatura pretende anteponer la 'eficacia' a los principios en el acceso a la función pública". El diputado de la coalición invita al síndico mayor a "rectificar de manera inmediata y convocar las plazas de manera regular" sin ejercer el derecho de recurrir la sentencia.

El grupo socialista, el verso suelto de las valoraciones sobre el fallo del TSJA, parte del "respeto" a la sentencia y alerta sobre "el riesgo de cuestionar la labor muy importante" del organismo fiscalizador en una causa general que al decir del portavoz del PSOE, Marcelino Marcos Líndez, no toca. Según su interpretación, "no se valora si la decisión es la adecuada o no, se cuestiona la forma de cubrir esas plazas" y resulta "excesivo" reprobar por este motivo "la labor de la persona que está al frente de la Sindicatura". Los partidos que reconvienen la actuación del organismo, concluye el portavoz socialista, "deberían comprobar si cuando han tenido sentencias similares, por ejemplo en ayuntamientos, han asumido responsabilidades políticas".