El Consejo de Gobierno ha dado de paso esta mañana el diseño de su ley de crédito extraordinario, el desmenuzado de los 111,3 millones de euros de gasto suplementario con los que prevé amortiguar el efecto de la prórroga presupuestaria. El Ejecutivo autonómico, que cuenta con la promesa de apoyo de IU y desde ayer también con el asentimiento de Podemos que garantizaría el éxito de la propuesta en la Junta, asegura que mantiene abierta, para tratar de añadir el voto del PP, la negociación sobre cuestiones ya no incluidas en el proyecto, "actuaciones que pueden ser financiadas desde la prórroga" , según la consejera de Hacienda. Al presentar su proyecto, no obstante, Dolores Carcedo ha querido dejar claro que este diseño incluye ya "propuestas debatidas" en la negociación política que permitirán ver reflejados en ella "a todos los grupos de la cámara".
El Gobierno registrará de inmediato el proyecto en la Junta para que inicie un trámite parlamentario que desde el Ejecutivo han solicitado expresamente a los grupos que se sustancie por la vía de urgencia y lectura única -necesita el asentimiento de dos tercios de la cámara-, pero el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez, precisa que "compete a la cámara decidir cómo se va a tramitar" y que ese extremo de la fórmula de aprobación no ha formad parte de las conversaciones mantenidas hasta ahora con los grupos parlamentarios.
El proyecto dispone, como ya se había avanzado, de quince millones para hacer frente a las necesidades de este año del salario social básico y de 44,9 para amortización de deuda. Los 51,4 millones restantes se destinarán a inversión, según un detalle que incluye, entre otras actuaciones, 2,54 millones para garantizar la rebaja al cincuenta por ciento a partir del próximo curso de las matrículas de las escuelas infantiles para niños menores de tres años, la demanda de Podemos que la formación morada rechazó en diciembre durante la negociación del fallido proyecto de presupuesto y que ayer decidió de pronto aceptar.
Además, se recogen también 1,57 millones para hacer frente a los gastos derivados de las convocatorias de oposiciones docentes, con sus 459 plazas, y 1,62 millones para cumplir con los compromisos de financiación adquiridos con la Universidad. Se reservan 17,5 millones para la financiación de actuaciones relacionadas con el mundo rural, donde destacan los 6, 2 millones para la prevención de incendios y otros 500.000 para paliar los efectos de los incendios del año pasado. En lo que se refiere a cooperación local, se recupera el millón de euros que se incrementaba en el presupuesto de 2018 y que tiene como destino el programa de obras en pequeños concejos, con lo que la cuantía para este tipo de actuaciones será de 3,3 millones. Figura el medio millón comprometido para la erradicación de las plagas invasoras, el Plumero de la Pampa y el avispón asiático.
La partida para la renovación tecnológica y la mejora de la red informática del Principado se lleva 5,45 millones, lo que supondrá que para 2018 se dispondrá de 16,6 millones para afrontar la Transformación Digital del Principado de Asturias 2017-2022. En infraestructuras, la ley reserva 7,4 millones de euros para obras en carreteras, puertos y equipamientos hidráulicos. Otros 2,89 millones tienen como destino la mejora de centros sanitarios mientras que una partida de 1,39 millones irá para centros educativos, otra de las demandas principales de Podemos, que se concentrarán principalmente en los institutos de La Corredoria, La Fresneda, La Florida y el IES Rey Pelayo de Cangas de Onís, éste dentro de las prioridades demandadas por el PP. Para actuaciones en sedes judiciales, el proyecto de ley reserva 600.000 euros. En lo que se refiere al apartado de ayudas, la ley de financiación contempla, entre otras, tres millones para fomentar las inversiones por parte de las empresas y 1,8 millones para impulsar la economía baja en carbono.
La ley incluye además un mecanismo para hacer frente a la situación, considerada anómala por el Principado, de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. El Gobierno central retiene 116 millones de la partida comprometida al Gobierno regional para este año y en este proyecto de ley hay entre los 51,4 millones destinados a inversión una parte -27,6 millones- que está condicionada a la recepción de esas entregas a cuenta. El proyecto de ley de financiación establece un mecanismo por el que si a 15 de septiembre el Principado no hubiese recibido una nueva comunicación de esas entregas, se procedería a adecuar el gasto correspondiente a 2018 de estos proyectos en el importe necesario para garantizar la cobertura de los gastos derivados la deuda.
