Iván Fernández, secretario de Política Municipal de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y alcalde de Corvera, ha defendido esta mañana que su rechazo a las condiciones que el Gobierno del PP impone a los ayuntamientos para gastar su superávit no defiende intereses partidistas del PSOE. "Lo que estamos reclamando", afirma, "beneficia a todos los ayuntamientos, gobierne quien gobierne, incluso al PP". Los socialistas de Asturias, remarca Fernández, "buscamos lo mejor para todo el municipalismo y para todos nuestros vecinos, porque lo que queremos es que los ayuntamientos puedan disponer de unos recursos que legítimamente les pertenecen".

Sus palabras salen al paso de la amenaza del PP de retirar a sus alcaldes de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) tras las declaraciones de su presidente, el socialista Ignacio García Palacios, en las que después de defenderlo ataca el contenido del Real Decreto del Ministerio de Hacienda. Sostienen los populares, entre otros argumentos, que las condiciones que se establecen para la inversión del beneficio municipal -unos cien millones de euros en la suma de todos los municipios asturianos- son las pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que el ataque de García Palacios responde a la defensa de intereses partidistas del PSOE.

Los socialistas, opone Iván Fernández, "situamos en el centro de la acción política al conjunto de la ciudadanía, vivan donde vivan y gobierne quien gobierne". A su juicio,"los municipios tienen problemas por resolver y es injusto que, teniendo superávit, no puedan atenderlos. El dinero del contribuyente no puede estar en los bancos, sino que tiene que revertir en políticas públicas de calidad, inversiones y obras que resuelvan los problemas de nuestras ciudades y de nuestros pueblos". Dada la situación con el Real Decreto aprobado sobre el uso del superávit, el secretario de política municipal reitera su exigencia al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro para que "aclare que se pueda usar libremente todo el superávit y, si no es así, habrá habido avances, pero habrán sido insatisfactorios". Su crítica se centra en que aunque el decreto autorice la inversión de esas cantidades y amplíe los servicios públicos a los que pueden ir destinados, es injusto que no permita gastarlas en su totalidad.

Los avances en el uso del superávit aprobados tienen que ver, según Iván Fernández, en que "se puede usar parte del superávit sin vincularlo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, un avance que viene a demostrar que el año pasado hubo un chantaje al sí vincularlo". Asimismo reconoce mejoras "en que se puede ampliar el listado de inversiones financieramente sostenibles, pero el meollo del asunto está en si se puede utilizar todo el superávit o solo parte del mismo. Si es una parte, será un engaño de Montoro porque lo que nos prometió fue utilizar libremente todo el superávit para resolver los problemas de nuestros vecinos y vecinas, y es injusto que los ayuntamientos tengan dinero en los bancos y no puedan gastarlo".