La nueva regulación del estatuto jurídico de los funcionarios municipales con habilitación nacional, secretarios e interventores, ha soliviantado a la Federación Asturiana de Parroquias Rurales (Fapar), que vaticina una "parálisis en la gestión de las juntas" de las entidades locales menores. El real decreto del Ministerio de Hacienda, en vigor desde marzo, exige que las funciones del secretario de la parroquia, que hasta ahora venían ejerciendo un vecino o "un vocal con capacidad suficiente", pase a ser competencia de un habilitado nacional de ayuntamiento, y eso, según Fapar, irremisiblemente las desatenderá.
La federación, que estudiará medidas de protesta, asegura que los trabajadores de consistorios "como los de Pravia, con diez entidades, o Cudillero, con ocho, no podrían cubrir las nuevas necesidades" que se les atribuyen y que las parroquias quedan "con el agua al cuello". El colegio de secretarios e interventores ha anunciado ya que recurirá el decreto.
