Saltan las alarmas entre los interinos del Principado por las sentencias opuestas sobre sus derechos. Un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hecho público este martes, establece ahora que no es discriminatorio que un trabajador temporal de la Administración no reciba indemnización alguna en caso de cese, un criterio muy distinto del que había defendido hace 20 meses cuando sentenció contraria al derecho comunitario la falta de indemnización para los contratos de interinidad en el conocido como caso Diego Porras. La convocatoria para los próximos dos años de 4.500 plazas de empleo pública en la administración autonómica hace temer ahora a los interinos que ocupan esos puestos que puedan verse en la calle a corto plazo sin compensación.
La nueva sentencia de la UE, relativa al caso Montero Mateos, sostiene que la regulación comunitaria sobre el trabajo temporal "debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección para la cobertura definitiva de la citada plaza". Algunos sindicatos, como es el caso USIPA, ya ha informado a sus afiliados que tras esta nueva sentencia "lo más previsible es que los interinos no cobréis ni un solo euro de indemnización".
"Los trabajadores están desorientados ante la existencia de sentencias aparentemente contradictorias de un mismo tribunal. Se sienten víctimas de una inseguridad jurídica bestial", comentó a este periódico José Luis González, coordinador de USIPA. "Parece que ha habido una maniobra para evitar que todas las administraciones públicas españolas tengan que afrontar el pago de una suma muy elevada, en concepto de indemnización, tras haber recurrido de forma abusiva a la contratación de personal temporal en los últimos años", añadió el representante sindical. El fallo afecta al personal interino de los tres niveles administrativos (local, municipal y estatal). USIPA ha convocado una asamblea para analizar los pasos a seguir en este nuevo escenario. En principio, esta central aconseja iniciar acciones judiciales para conseguir el reconocimiento, mediante sentencia, de la declaración de laboral indefinido no fijo: "hay situaciones bien claras y que los tribunales están reconociendo como estar ocupando una vacante durante más de tres años", sostiene USIPA, que planteará esta problemática a la dirección de Función Pública en una reunión para hablar de los cambios que el Principado pretende introducir en la contratación temporal.
Sin concursos de méritos
Por otra parte, este sindicato y el colectivo Conceyu por otra Función ganaron hace años distintas sentencias al Principado mediante las que consiguieron tumbar nombramientos de jefes de servicio y jefes de sección que se habían llevado sin convocar concursos de méritos. "Llevan años sin convocar esos concursos de méritos, es una estrategia dilatoria que no se entiende", criticó José Luis González sobre un problema que en este caso afecta al personal funcionario.
