La decisión del Principado de no permitir navegar por el embalse de Rioseco, motivo de una controversia política que ya ha enfrentado al Principado con el alcalde socialista de Sobrescobio, fondeó ayer en el puerto de las razones de seguridad. Para defenderse, el Gobierno regional invocó la convicción de que "ninguno de los informes a nuestra disposición, ni los técnicos ni los ambientales, aconsejan" autorizar canoas de uso recreativo en el pantano coyán, cuya morfología lo haría inviable. En la Junta, el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, justificó en esos términos su intención de atenuar la euforia del vecindario del alto Nalón admitiendo parcialmente -sólo en el vecino pantano de Tanes, en Caso- la navegabilidad en los embalses del Parque Natural de Redes que los vecinos llevaban años demandando y que el parlamento autonómico exigió al Gobierno mediante modificación legislativa aprobada aquí mismo el pasado diciembre.

En la sesión de control de ayer, Lastra contuvo la pregunta que traía el diputado del PP Rafael Alonso trazando una línea de seguridad entre Tanes y Rioseco, sosteniendo que acotará el segundo a la explotación lúdica sobre todo porque el embalse coyán tiene "un punto de succión y bombeo" para la captación d agua que haría peligrosa la admisión de la navegación recreativa. Completó el Consejero su alegato haciendo referencia a la dimensión más reducida de la lámina de agua y profundidad de Rioseco respecto a Tanes y concluyendo que no existe "ningún informe que nos diga que la navegación allí no está exenta de riesgo".

La decisión, que ya le había valido el martes la reprimenda del alcalde de Sobrescobio -Marcelino Martínez le reclamó compensaciones económicas por el agravio a su concejo- sirvió también ayer para el intercambio de reproches con el PP. Alonso, en nombre de la formación política que impulsó la ley en la Junta, había acusado a Lastra de "incumplir a sabiendas" la disposición legislativa que requiere autorización para la navegación "en los espacios del parque natural de Redes", en plural, y de restringir aun más el mandato legislativo excluyendo de entre las actividades autorizadas la navegación a vela o la de competición.

El uso competitivo quedará efectivamente fuera de los que se permitirán en Tanes, donde el Principado ha previsto desarrollar la norma permitiendo como máximo cien canoas, únicamente 25 de forma simultánea y alguna más, hasta cuarenta, si se utiliza bajo supervisión de la federación de piragüismo. El Gobierno ha previsto que la tramitación que queda no tendrá la regulación lista este verano. La ley, se limitó a señalar Lastra, otorga un plazo máximo de un año para la sustanciación práctica de los cambios.