La Junta General del Principado dejó atrás al PSOE para dar de paso una propuesta de acción en la que se requiere del Gobierno del Principado la constitución de un grupo de expertos que evalúe si en el fraude por el cierre de la clínica iDental en Tremañes la Administración autonómica pudo incurrir en alguna responsabilidad patrimonial derivada de los errores en sus obligaciones de "inspección y supervisión en el ámbito sanitario". La cámara asintió ayer a una iniciativa planteada por Ciudadanos a la que los socialistas pusieron el reparo de que esa determinación debe ser competencia no de una mesa de especialistas sino de los tribunales de justicia.
Como quiera que el grupo proponente quiso votar la proposición en conjunto, esta discrepancia puntual descabalgó al PSOE, único grupo que se opuso a una propuesta con cuyo "espíritu general" dijo estar "de acuerdo". El texto aprobado emplaza al Principado a informar y a apoyar a los centenares de damnificados asturianos y a utilizar este asunto para trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una demanda de revisión y mejora de los procedimientos de acreditación y supervisión de los centros sanitarios.
En la línea de lo que la formación naranja defendió ya para todo el país en el Congreso de los Diputados, se demanda asimismo del Consejo un mayor rigor en el control de la publicidad de los productos sanitarios, factor fundamental en el fraude que con el cierre de iDental ha dejado a varios centenares de pacientes asturianos con tratamientos a medio hacer y cuantiosas deudas pendientes de pago.
Los grupos confluyeron en la urgencia de la atención a las víctimas de una estafa que "pone de manifiesto", según la socialista Carmen Eva Pérez, "la necesidad de regulación" en la prestación de unos servicios sanitarios peculiares por su propia naturaleza en la que se dispara "la asimetría entre el comprador y el oferente" y el consumidor "no tiene ninguna capacidad de saber qué prestaciones necesita. Está siempre al albur de quien se las prescribe".
