La reanudación ayer del juicio contra el exlíder minero José Ángel Fernández Villa no aportó novedades, pero sí se vio y se escuchó a un acusado mucho más activo y participativo. Villa respondió incluso desde su silla a algunas de las afirmaciones que realizaban los testigos y con las que no estaba de acuerdo. Por ejemplo, le replicó a su sucesor y actual secretario general del SOMA, José Luis Alperi, quien declaró que "Villa se llevó libros, documentos, informes, mochilas de congresos y bolígrafos, que nosotros entendemos que son del sindicato". José Antonio Postigo, expresidente del Montepío de la minería e investigado junto a Villa en el "caso Hulla", admitió que entre "cuatro o cinco" decidieron que el sindicato siguiera pagando el último coche comprado a nombre del exsindicalista minero para "compensarle" el menoscabo económico que le supuso dejar de ser senador y diputado.
Fernández Villa y Pedro Castillejo, ex secretario de la fundación Infide del SOMA, están acusados en este proceso por presunta apropiación indebida de fondos del sindicato. Alperi señaló que la querella se presentó contra ambos porque "en la auditoría se vio que había dos máximos responsables" y porque "tenían un patrón definido de actuación, sistemático".
Villa perdía las tarjetas
José Antonio Postigo declaró por videoconferencia desde Murcia. En su testimonio admitió que en una "minireunión de cuatro o cinco compañeros" se acordó seguir pagando el coche Mitsubishi que había comprado el sindicato a nombre de Villa para "compensarle de alguna manera" por la merma económica que le supuso haber dejado de ser senador y diputado socialista.
Postigo señaló que el coche se había comprado porque Villa había sido operado de la espalda y el Audi que tenía el sindicato "era muy bajo". Pero remarcó que ese automóvil estaba a disposición del sindicato.
También señaló que Villa "perdió muchísimas veces las tarjetas y la cartera", y que todos lo sabían. Que había viajado "muchísimas veces" con Villa y que era éste el que pagaba con la tarjeta del sindicato y que pedía los tiques, que los metía en una bolsa y que luego los entregaba en el sindicato. José Antonio Postigo añadió que los gastos por desplazamientos y comidas "siempre" había que justificarlos y que "en 30 años que estuve en el sindicato, nunca se cuestionaron los de Villa ni los de ningún otro compañero", pero remarcó que en la organización no se consentían gastos excesivos.
Aquilino Ronderos, ex secretario de administración de SOMA-Fitag-UGT afirmó que su responsabilidad en la junta administradora del SOMA-UGT era nula: Villa le había señalado junta al excontable Juan Cigales y a Amalio Fernández, como responsables de cualquier irregularidad contable. Armando Fernando Natal, de la antigua comisión ejecutiva del SOMA, y José Ramón Fernández Suárez, tesorerode la junta administradora del SOMA, coincidieron en que para manejar las cuentas del sindicato se necesitaban al menos dos firmas. La de Villa estaba en un tampón.
