Ya cuando Pedro Sánchez accedió al gobierno de España, tras conseguir poner fin a la carrera política de Mariano Rajoy con una moción de censura, estaba claro que las horas más amargas vendrían en otoño. Tras los cien primeros días de aparente gracia, constreñido por una exigua minoría, el PSOE afronta ahora los verdaderos retos más allá de algunas acciones cosméticas de impacto mediático. El principal de esos problemas que caldean la olla en la que se cuece el futuro del Ejecutivo de los socialistas es la situación de Cataluña: no en vano Sánchez ya ha advertido de que si las cosas se tuercen demasiado en ese asunto no descarta la convocatoria de elecciones anticipadas. Sin embargo parece que la escandalera de sus ministros gestionada con torpeza acaba desgastando incluso antes la imagen del Ejecutivo.
Antes de que concluya el año será necesario clarificar la posición del Gobierno central en asuntos clave para Asturias: y hay demasiado ruido sobre ellos como para que resulte diáfana la solución. Primero, en el debate de las infraestructuras, la sempiterna España asimétrica (el Noroeste contra la franja Mediterránea) sale de nuevo del armario por la incapacidad para concretar una fecha de servicio para la Variante de Pajares al tiempo que se suceden los compromisos en el corredor del Levante. Para colmo, la apertura del melón sobre la financiación autonómica ha empezado a forjar las alianzas entre las distintas comunidades autónomas, con independencia incluso de su signo político, para defender sus intereses regionales frente a las demandas del resto. El reparto de papeles sigue la misma pauta territorial. Las comunidades mediterráneas (Cataluña, la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía) tratan de arañar una financiación extra reclamando deudas históricas pese a haber sido las menos rigurosas en la gestión de sus recursos. Por contra, el Noroeste se alía y demanda que el dinero se reparta para satisfacer las necesidades de la población y garantizar la equidad en los servicios.
Respecto a Asturias, hay que reconocer que nunca hubo mayor representación de asturianos en un Ejecutivo socialista, pero resultaría paradójico que vaya a ser el dirigente con el que se volcó el sindicato minero SOMA el encargado de poner la puntilla al sector del carbón en el Principado. Y quizás no solo a las minas, sino también al complejo equilibrio energético del Principado, con imprevisibles consecuencias, como ha venido advirtiendo el Ejecutivo regional.
El horizonte en diciembre
El 31 de diciembre de este año marca un ineludible horizonte para las minas asturianas. La Unión Europea exige el cierre de aquellas que no sean rentables y la devolución de las ayudas comunitarias en las que sigan abiertas. Ante esta situación, la anterior presidenta de Hunosa, Teresa Mallada, ya había elaborado un plan para al menos tratar de salvar el empleo en la empresa pública y encontrar una fórmula que permitiese continuar con la actividad sin que Europa considerase que se incumplían sus exigencias.
Es ese plan, precisamente, que ya había obtenido los parabienes de la SEPI y que estaba pendiente de evaluación por el Ejecutivo de Rajoy, el que Pedro Sánchez ha tomado como referencia para tratar de "agradecer" al SOMA el apoyo prestado en la batalla interna. El planteamiento pasa, a grandes rasgos, por justificar que uno de los tres pozos de la empresa siga abierto porque su carbón se destina a la producción energética en la pequeña central térmica de La Pereda. La tesis tiene su positivo "lado verde", ya que se trata de una planta que investiga sobre la captura de dióxido de carbono y es la única activa en España.
La anterior dirección de Hunosa tenía claro que la decisión de mantener una mínima producción de carbón autóctono es posible, ya que Bruselas considera que son los gobiernos nacionales los que deben decidir cómo se reparte el peso de cada sistema de producción en el mix energético.
En realidad, esta solución (que podría ser satisfactoria para la plantilla de Hunosa) sería también un trampantojo que justificaría un apoyo a la minería mientras se evita hablar de otras decisiones políticas que tendrían más repercusión en Asturias, como el cierre de las centrales térmicas.
La actividad extractiva de Hunosa es residual, y considerar que "el problema del carbón" se limita a sostener una mínima actividad en la empresa pública pretende tan solo enmascarar las graves consecuencias que tendría la erradicación del uso de las centrales térmicas en Asturias, de manera muy mayoritaria alimentadas con carbón importado y que sostiene la actividad del puerto del Musel. Incluso esta decisión afectaría a la actividad de Hunosa, que entre sus instalaciones incluye un gran lavadero (Batán).
Pero esta baza de Pedro Sánchez con Hunosa ni siquiera es segura, ya que por ahora no ha sido planteada en firme, aunque en medios socialistas se ve como la solución idónea. Está previsto que la próxima semana, el gobierno y los sindicatos mineros vuelvan a reunirse después de que no hayan logrado alcanzar un acuerdo, a la espera de que el Ejecutivo presente una propuesta para las minas pese a las férreas condiciones de Bruselas. Pero ni el problema con el carbón en Asturias se llama Hunosa ni la continuidad de un pozo habría de ser motivo como para considerar que Pedro Sánchez ha "salvado" al sector minero y energético cuando al mismo tiempo coloca la soga a las centrales térmicas.
