La Federación Asturiana de Concejos (FACC) denunció, en una declaración institucional unánime, las "amenazas, coacciones y agresiones de distinta naturaleza sufridas por un significativo número de representantes municipales asturianos".

Según explicó en un comunicado, los últimos actos violentos contra concejales y alcaldes no son una novedad. Hay antecedentes, con denuncia también de la FACC, en julio de 2014 y en febrero de 2018, aunque fue el pasado mes de septiembre cuando saltaron todas las alarmas a raíz de la amenazas de muerte a la alcaldesa y a un edil de Riosa, ambos de IU. Unos sucesos que se produjeron tras el asesinato del concejal de Llanes Javier Ardines, único representante de esa misma formación política en el Ayuntamiento llanisco. El crimen aún se está investigando.

La FACC denuncia que las agresiones están "casi siempre amparadas en el anonimato y en muchos casos canalizados impunemente a través de las redes sociales". Los ayuntamientos asturianos consideran "necesario que la sociedad asturiana se sume a la censura y el rechazo de estos hechos, no sólo como inaceptables agresiones físicas, sino que los repudien como un ataque contra las instituciones democráticas".