El clamor de Asturias en las calles de Avilés, en la multitudinaria manifestación contra el cierre de Alcoa, se ha repetido esta mañana en la Junta General del Principado con la forma de un llamamiento político unánime por la continuidad de la actividad en la aluminera, pero también, o sobre todo, por el establecimiento de "un marco energético estable" que evite que el drama se repita. Los grupos parlamentarios suscriben la necesidad de hacer frente a lo que se entiende como una grave llamada de atención, o en la expresión del diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé "un aviso a navegantes", y dirigen la mirada hacia Madrid. De entrada, las medidas propuestas ayer en el encuentro que los presidentes de Asturias y Galicia mantuvieron con las ministras de Industria y Transición Ecológica, fundidas con la comunión social de las que da fe la manifestación avilesina, hacen sentirse "optimista" al portavoz parlamentario del PSOE. Marcelino Marcos Líndez da por cierto que "en la sociedad asturiana hay conciencia de la importancia que tiene este asunto" y ve "satisfactorio", porque "nos tranquiliza", que "se anuncien decisiones para dar estabilidad a la industria electrointensiva".
El diputado del PP Pedro de Rueda expone la preocupación "más allá de Alcoa" y se dice dispuesto a "no utilizar este asunto como ariete político contra nadie", pero entiende que las valoraciones de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, "no han sido satisfactorias, porque crean incertidumbre". A su juicio, "al Gobierno de España le toca ahora cambiar su política y diseñar un marco energético viable y estable", asegurar que que la transición energética va a ser justa, y asumir que para serlo debe ralentizarse y "plantearse a medio plazo". Lorena Gil (Podemos) destaca, de su lado, la "relevancia histórica" de la manifestación "emocionante" de ayer en Avilés que espera sea "palanca para que el Gobierno mantenga toda la firmeza con Alcoa para alcanzar una solución" que pasa, a su juicio, por el diálogo con la empresa y por el establecimiento de medidas que den estabilidad a las compañías electrointensivas, pero asumiendo que "nuestra industria y nuestro Gobierno no puede ser chantajeado por multinacionales con prácticas poco éticas". También desde su punto de vista urge modificar el sistema "tremendamente injusto" de la tarifa eléctrica para reemplazarlo por otro modelo más "equilibrado".
"Nos estamos jugando el futuro de toda la industria española", aporta el portavoz de IU, Gaspar Llamazares. Y el reto exige, en su opinión, "en el corto plazo una mejora en la financiación de las empresas electrointensivas y en el largo implantar un sistema distinto de la subasta anual". Emplaza el diputado al Gobierno a diseñar "una política industrial activa" que a su juicio no existe y a instalar definitivamente al sector industrial entre las prioridades económicas del país. Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos) apela a la responsabilidad de la empresa y a la intervención del Gobierno de España para resolver "un problema de seguridad jurídica que afecta a las empresas con la tarifa eléctrica" y Pedro Leal (Foro) afirma que "yo me plantaría de inmediato en Pittsburg para reunirme con el presidente de Alcoa" además de extender la demanda al Gobierno de un cambio en la política energética de la industria electrointensiva que "debería estar sobre la mesa desde el minuto uno", así como de la ejecución inmediata de las partidas previstas en los presupuestos vigentes para el pago de las compensaciones por las emisiones de CO2.
