La Asociación de Enfermería de Asturias ha solicitado la convocatoria de elecciones al Colegio de Enfermería del Principado (CODEPA) para evitar la provisionalidad del órgano colegial, tras la nulidad del anterior proceso electoral y la investigación judicial por el presunto desvío de fondos de 1,4 millones de euros.
El presidente de la asociación, Esteban Gómez, reclama en un escrito que se abra un expediente disciplinario al presidente en funciones saliente y ex diputado Alfonso Román López y a los miembros de su directiva Á.S., F.P.S., Y.J. y J.R.R, investigados por su supuesta autoría en un delito de apropiación indebida.
Gómez denuncia que la anterior Junta de Gobierno ha incumplido de forma "continua, repetida y sistemáticamente", durante 18 meses, las resoluciones del Consejo General de los Colegios de Enfermería de España, entre la que figuraba la nulidad de las anteriores elecciones que llevaron a la dirección a la Junta de Gobierno saliente.
El presidente achaca a la Junta de Edad, nombrada tras la nulidad del anterior proceso electoral, que, un año y medio después de su constitución y un mes desde que asumiera la dirección provisional, aún no haya "atisbo alguno" de una nueva convocatoria electoral, sin que exista "justificación alguna".
La Asociación considera imprescindible que la convocatoria se realice de forma "inmediata y urgente" para que el Colegio de Enfermería recupere la "credibilidad, el prestigio y la seriedad institucional" que asegura que nunca debió perder por las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de la directiva saliente.
La petición se produce después de que la Audiencia acordara que un juzgado de Oviedo investigue si con motivo de la publicación mensual de la revista colegial Impulso, y "todo lo que rodea" a las actividades de asesoramiento de contenidos, producción e impresión se pudieron ir "distrayendo" importantes cantidades de dinero de los fondos colegiales.
Los desvíos de fondos pudieron haber ido, a juicio de la Sala, en beneficio tanto del presidente ya fallecido, Emilio Losa, como de personas de su entorno "familiar y colegial", en detrimento de los fondos del CODEPA y sus colegiados.
De los 1,4 millones de euros en que se cuantifica la presunta apropiación indebida, una parte fue destinada a abonar facturas giradas presuntamente por Alfonso Román López, así como a la mercantil, de la que era apoderado el presidente fallecido y de la que es administradora su hija.
A juicio de la Sala, no aparece en principio "debidamente justificada" la realización de los trabajos y servicios que amparan la emisión de las facturas, lo que pone de manifiesto, tras el examen de las facturas, sobre la existencia de indicios que parecen apuntar a su emisión para la justificación de pagos por "servicios inexistentes".
Entre otros, la Audiencia señala que todas las facturas sean correlativas, que no se especifiquen los servicios, las fechas, conceptos, la persona que llevó a cabo el asesoramiento, ni tampoco la identidad ni la firma del emisor.
