La Junta de Edad del Colegio de Enfermería de Asturias (CODEPA) ha denunciado presiones en su gestión al frente del órgano colegial, que ha sido intervenido por el Consejo General de Colegios de Enfermería de España, tras una denuncia contra la directiva saliente por supuesta apropiación indebida de 1,4 millones.
A través de un comunicado, la Junta ha asegurado hoy que las presiones, que recibe desde hace 18 meses, proceden de "personas y entidades" y responden a intereses directos por sus aspiraciones a presidir el Codepa en las próximas elecciones.
La Junta de Edad ha respondido a las críticas que hoy mismo ha vertido, en rueda de prensa, la Asociación de Enfermería de Asturias (AEA) por la ausencia de una convocatoria electoral y al haberse enterado, a través de una carta que la Junta remitió a los colegiados la semana pasada, de que el Codepa estaba intervenido y sus cuentas fiscalizadas por una auditoría externa.
En su escrito, ha indicado que es "rotundamente falso" que los Estatutos del Codepa establezcan que su única función sea la convocatoria electoral y recuerda que la Junta de Edad es una figura creada para "situaciones de emergencia" para desarrollar todas las actuaciones que sean necesarias para volver a la senda de "la normalidad, la democracia y el buen funcionamiento".
Además, ha advertido que sus integrantes son personas "independientes" y procederán a convocar elecciones a la institución una vez que se realice la auditoría y se depuren posibles responsabilidades para que el proceso electoral cuente con "plenas garantías para los derechos de información y representación" de sus colegiados.
La Junta de Edad fue designada por el Consejo General hace un año y medio tras anular las elecciones que auparon a la directiva a la Junta de Gobierno saliente, pero hasta el pasado 29 de octubre no pudo acceder a las instalaciones al permanecer en sus cargos hasta esa fecha la anterior directiva, que está siendo investigada.
La Audiencia Provincial había remitido las actuaciones al juzgado de instrucción para que investigara si, con motivo de la publicación mensual de la revista colegial Impulso, y "todo lo que rodea" a las actividades de asesoramiento de contenidos, producción e impresión, se pudieron ir "distrayendo" importantes cantidades de dinero de los fondos colegiales.
Los desvíos de fondos pudieron haber ido, a juicio de la Audiencia, en beneficio tanto del presidente ya fallecido, Emilio Losa, como de personas de su entorno "familiar y colegial", en detrimento de los fondos del Codepa y sus colegiados, entre los que figura como investigado el ex presidente en funciones y ex diputado del PP Alfonso Román López.
Tampoco aparece en principio "debidamente justificada", según la Audiencia, la realización de los trabajos y servicios que amparan la emisión de las facturas, lo que pone de manifiesto, tras su examen, sobre la existencia de indicios que parecen apuntar a su emisión para la justificación de pagos por "servicios inexistentes".
Entre otros indicios, la Audiencia señala el hecho de que todas las facturas sean correlativas, que no se especifiquen los servicios, las fechas, conceptos, la persona que llevó a cabo el asesoramiento, ni tampoco la identidad, ni la firma del emisor.
