Los funcionarios de prisiones están en pie de guerra porque el Gobierno no accede a una propuesta de subida que dignifique sus sueldos. La asignación de casi tres millones de euros en complementos de productividad al personal directivo, predirectivo y sanitario por los servicios prestados en el "mantenimiento del orden, seguridad, vida regimental y adecuada convivencia" durante la pasada huelga de funcionarios ha terminado de exasperar los ánimos. El pasado viernes, el sindicato Acaip presentó una denuncia por delitos de prevaricación, malversación y contra los derechos de los trabajadores contra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, por lo que consideran una "productividad ilegal".
Para los directores de las prisiones, el plus asciende a 2.700 euros, 900 en el caso de los médicos y 500 en el de los ATS. Estos pluses han envenenado aún más el ambiente entre los funcionarios, que ayer salieron a la calle en Gijón para hacer públicas sus demandas, dar visibilidad a la labor que desempeñan en las cárceles y evidenciar que son ellos la principal "garantía de reinserción constitucional" para los presos. Sus demandas y quejas van desde la justicia salarial hasta las agresiones que sufren en prisión, pasando por el envejecimiento del personal, sobre todo en la cárcel de Asturias, donde más del 91 por ciento de la plantilla cuenta con más de 50 años.
"Tenemos unas reivindicaciones que todo el mundo entiende como justas pero que nadie quiere aplicar; tenemos un Gobierno que no cree en la reinserción y un ministerio del Interior sordo, mudo y con una hostilidad manifiesta al personal penitenciario", lamentó Chema López, responsable de negociación colectiva de CC OO dentro de la plataforma de unidad sindical de prisiones. "Exigimos una reclasificación de centros para que todo el mundo que desempeña la misma función cobre lo mismo", apuntó.
También denuncian la falta de seguridad. "Estamos a la cabeza de Europa en siniestralidad laboral, tan solo pedimos la aplicación de la ley de prevención de riesgos laborales, que sigue fuera de las prisiones", valoró López. En esa línea, desveló que hay unas 500 agresiones anuales en centros de todo el país, entre 20 y 25 en Asturias.
No menos importante, argumentan, es el envejecimiento de las plantillas, sobre todo en Asturias. La edad media de la plantilla es de 56 años y el 91,69 por ciento supera los 50 años. Es más "el año que viene podría jubilarse el 25 por ciento de la plantilla", añadió el representante de UGT Juanjo Villar. "Falta personal, necesitaríamos cerca de 70 nuevas plazas para suplir las jubilaciones", aporta Pedro Sánchez, de Acaip. Tras la huelga, tienen programada una manifestación en Madrid el próximo día 11, en la que aprovecharán para presentar una proposición de ley a los cuatro principales partidos y el mensaje de que "lo que se nos ha prometido se cumpla", incidió López.
