El Principado estudia la mejor fórmula para enfrentarse a la paradoja que esta mañana enunció el consejero de Infraestructuras y Medio Ambiente. El impuesto sobre las afecciones ambientales del uso del agua, sustituto del antiguo canon de saneamiento, tiene cada vez más contribuyentes en cada vez más zonas con saneamiento, pero la recaudación desciende. Y la explicación "no puede ser solamente", aduce Fernando Lastra, la congelación de la tarifa del impuesto, que lleva tres años retenida. A su juicio, la actualización del tipo impositivo al menos con el IPC que defienden algunos actores del proceso es una opción, pero no la única. La propuesta es "mirar hacia la estructura del impuesto" y emprender una reforma que su departamento estudia y sobre la que elevar el tipo es únicamente una de las alternativas. "También propongo actualizar la tarifa, pero hablo de la estructura del impuesto", ha afirmado esta mañana el Consejero después de clausurar la jornada técnica "El saneamiento en Asturias: nuevos retos", organizada por el Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa). Lastra expuso la urgencia de modificación del tributo como una "llamada de atención" ante un auditorio plagado de alcaldes y concejales, de agentes participantes en esa gestión del impuesto que se propone reformar.

Lastra ha precisado que las exenciones del tributo del que disfrutan entre otros determinados usos ganaderos o consumos industriales "es correcta" y ha abogado por tratar de poner orden en una situación en la que "hay una multiplicidad de titulares en la gestión del agua y no todos están bajo el control municipal ni tienen todos un registro adecuado de contribuyentes o un mecanismo de control de los consumos. Los ayuntamientos muchas veces desconocen los costes reales de funcionamiento" de algunos sistemas de depuración, ha asumido el Consejero, incluyendo estas mejoras entre los retos de la "nueva Cadasa", la que según se ha anunciado ya plantea extenderse territorialmente, incorporando a municipios particularmente del oriente y occidente, y ofreciéndoles la gestión del ciclo integral del agua, incluyendo el abastecimiento en baja (la gestión hasta el grifo) y la depuración. En este punto, el gerente del consorcio, Julio Pérez, ha confirmado que cuentan ya con cuatro solicitudes de incorporación, las de los concejos de Las Regueras, Candamo, Pravia y Grado.

Lastra invitó al Estado asimismo a atender las responsabilidades que tiene atribuidas en la sanción por incumplimiento de la normativa comunitaria de depuración de aguas residuales, que afecta a nueve aglomeraciones urbanas, entre ellas Gijón "con el problema inconcluso" de la inoperancia de la depuradora del Este, y que tiene en curso dos expedientes relativos a los años 2016 y 2017.

La jornada técnica de esta mañana, por lo demás, ha dado también para expandir mensajes de concienciación sobre el uso racional de ese recurso que en la voz del Consejero "parece ilimitado y no lo es". Entre los datos que se deslizaron figura la campaña de Cadasa sobre el coste asociado al desecho de toallitas húmedas por el WC y que se cifra en Asturias en cinco millones de euros. Corresponde, según Julio Pérez, al sobrecoste de mantenimiento que se genera en las depuradoras como consecuencia de las averías que provocan las toallitas. El cálculo surge de un estudio elaborado por la Sociedad Española de Abastecimiento y Saneamiento, que valora ese sobrecoste entre cinco y seis euros por persona.