El Tribunal Supremo ha tumbado definitivamente el plan de gestión del lobo del Gobierno de Castilla y León. Mediante un auto fechado el pasado día 13, los jueces han inadmitido el recurso de casación interpuesto por el gobierno de la comunidad vecina contra una sentencia anterior del Tribunal superior de Justicia de Castilla y León, por la cual se anulaba el decreto de 2016 por el que se aprobó el denominado plan de conservación y gestión del lobo en Castilla y León, que fue recurrido por la asociación Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). La decisión es firme.

El plan del lobo de Castilla y León se publicó el 23 de mayo de 2016. Frente a esa disposición, Ascel planteó un recurso contencioso en julio de ese mismo año, que condujo a la sentencia anulatoria del pasado 5 de febrero de año 2018. Frente a esa Sentencia, de un modo que ahora los jueces han confirmado como "inadecuado", la Junta de Castilla y León interpuso un recurso de casación "sin fundamento, como ahora se lo ha recordado el auto del Tribunal Supremo", ha señalado Ascel, que también pretende intentar que se detenga en Asturias "la persecución del lobo".

"El Supremo no hace sino recordar que si se establecen unos procedimientos, han de ser cumplidos por los administrados, pero también por las administraciones, incluso cuando las consejerías las dirijan magistrados en excedencia, como este es el caso, desde julio de 2015", ha resaltado la asociación conservacionista.

Con el segundo plan de gestión del lobo de 2016 anulado, y mientras -como medida cautelar- está suspendido igualmente por los tribunales el plan de Aprovechamiento cinegético del lobo 2016-2019, a la espera de sentencia, la situación de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y de su consejero, es "insostenible en materia ambiental, y especialmente, en lo que toca a la gestión de esta especie protegida", indica Ascel.

Según el colectivo ecologista, ya no cabe "ninguna duda del fracaso de la política de 'gestión' del lobo. Ya no es posible enmendar una trayectoria trufada de sentencias que anulan los cupos 2010-2011, los cupos 2011-2012, el plan de gestión de 2016, los aprovechamientos comarcales del lobo de las temporadas 2015-16, además de la suspensión cautelar de los aprovechamientos comarcales 2016-19. En el fondo, no se puede seguir sosteniendo que una especie protegida pueda ser cazada", resaltan los conservacionistas.

Ascel presume que cualquier enmienda -como otras salidas al paso anteriores de la Junta- acabará "en la misma papelera". El colectivo ha anunciado que hará "todo lo posible" para que la gestión del lobo pase "por el respeto de su papel, sin control alguno". Y añade: "Si alguien piensa que el Plan anterior -2008 (derogado por el ahora plan de gestión anulado) puede parchear la situación, habrá que recordar que dos sentencias del Supremo, en su momento, motivaron el actual, anulando partes cruciales del anterior. O de otro modo, la 'gestión' del lobo de la Junta de Castilla y León está en un callejón sin salida".

El único camino para las autoridades castellano-leonesas pasa ahora, según Ascel, por "el cumplimiento de las leyes europeas, españolas y autonómicas, en favor de la preservación de la biodiversidad, incluyendo aquí al lobo". El colectivo ecologista añade que podría debatir esa solución "con el siguiente gobierno de la Junta de Castilla y León, convencidos de que que estará ausente el señor Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández (consejero de Fomento y Medio Ambiente), de quién ya no nos molestamos en pedir la dimisión o el cese. Le agradecemos los servicios prestados".