Las solicitudes de ayudas a la investigación fueron evaluadas por la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que incluye a la antigua ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), subrayó ayer la Consejería de Empleo, Industria y Turismo del Principado, en respuesta a las críticas de "irregularidades" y "falta de transparencia". Los reproches fueron expresados por algunos de los científicos excluidos, en este caso jefes de grupos de investigación sanitaria que forman parte de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba) y del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado (ISPA).
La Finba y el ISPA dependen de la Consejería de Sanidad, que ayer eludió pronunciarse y descargó la responsabilidad en el Departamento convocante de las ayudas, que abarcaban todas las áreas del conocimiento, incluidas las humanidades. Según la réplica de Empleo, la valoración de las peticiones fue realizada por "pares" de expertos nacionales e internacionales "en cada área de conocimiento evaluada, que fueron seleccionados por los propios solicitantes". Cuando entre estos dos jueces se produce una disparidad muy acusada, se acude a un tercero.
Los criterios de evaluación aplicados están recogidos en la convocatoria "sin que se hubiera registrado ninguna alegación a los mismos", argumentó Empleo. Los epígrafes que se han tenido en cuenta son tres: calidad de la producción científica del grupo (publicaciones y patentes); calidad y cantidad de los recursos captados (proyectos y convenios) y organización del grupo (objetivos, actividad formativa, divulgación y colaboraciones). Finalmente, se concedió financiación "a todos aquellos grupos que obtuvieron de la AEI una puntuación científico-técnica superior a 78 sobre 100".
Una puntualización: los evaluadores juzgaron la actividad científica en los últimos cinco años. Este criterio persigue valorar a los equipos no por su historial, que puede haber sido brillante en el pasado y haber venido a menos, sino en función de su productividad reciente.
Acerca de la asignación económica, la Consejería de Empleo señala que se han adjudicado para el período señalado (2018-2020) 7,6 de los 10,5 millones de los que estaba dotado el programa. "La mayor parte de los grupos no han solicitado financiación (o un importe muy pequeño) para el año 2018. En concreto, para los ejercicios 2019 y 2020 se concedió todo el importe de la convocatoria (3,5 millones por año); y para 2018 se concedió todo lo solicitado", indica la Consejería.
Lo que no especifica Empleo es que la convocatoria no se publicó hasta junio de 2018, y que la resolución se hizo esperar hasta el mismísimo 31 de diciembre, lo que hizo que los investigadores supieran en todo momento que 2018 se convertía en un año prácticamente perdido.
