El exarquitecto municipal de Llanes, Ángel Rami, y el técnico Ignacio Vázquez -presidente de la junta de personal del Ayuntamiento llanisco por UGT- se sentaron ayer en el banquillo del Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo para responder de un presunto delito de prevaricación por el que les piden dos años y medio de cárcel. El motivo, haber informado favorablemente la ampliación del camping María Elena de Celorio a pesar de que el Plan de Ordenación del Litoral (POLA) señalaba que presentaba "un impacto paisajístico severo que exigiría su desaparición en el plazo más breve posible". Los dos acusados indicaron que el POLA emitía una "opinión personal, en ningún caso un mandato jurídico", y que por lo tanto se habían tenido que regir por el marco de la ley del Suelo asturiana, según la cual era posible conceder la licencia al tratarse de suelo urbano consolidado.

El caso es que el redactor del POLA, el arquitecto Ramón Fernández-Rañada, les echó un cable. En un informe pericial sostiene que la decisión del exarquitecto y el técnico "no era absurda, sino defendible". Y es que, cuando redactó el texto, el Principado le dio instrucciones para que las recomendaciones, como la eliminación del camping de Celorio, "no fuesen vinculantes". Rañada añadió: "Eso tiene sus consecuencias". No sólo Rañada, también José Pis, redactor del plan general que fue anulado, defendió la decisión de la licencia.

Tras anularse el plan general, las licencias urbanísticas quedaban en manos de la CUOTA, pero sólo las que afectasen a terrenos no urbanizables. Para terrenos urbanos, el Ayuntamiento podía autorizar las licencias de acuerdo con la ley del Suelo. "Era un hecho histórico que los terrenos del camping, autorizado en 1963, eran urbanos, por lo que no era necesario consultar a la CUOTA", indicó el exarquitecto. "Mi informe estaba correctamente fundamentado", insistió. Y aseguró que, "de haber aplicado el POLA y rechazado la licencia, me hubiesen terminado acusando de prevaricación". Rami explicó que no andaba mal encaminado: "Según el avance del nuevo plan general de Llanes, los terrenos del camping están considerados como urbanos".

Ignacio Vázquez explicó las especiales circunstancias del momento: "Estábamos muy constreñidos por no tener plan general, había mucha inseguridad jurídica. No podíamos estar consultando con la CUOTA para cada licencia, se hubiese paralizado el Ayuntamiento", indicó. Cuesta se quejó de la "situación infernal del Ayuntamiento, la judicialización es permanente". Su sucesora como jefa de Urbanismo, María Antonia Vigón, que propuso la anulación de las licencias -aún en curso- y abrir expediente a Vázquez, explicó que los terrenos del camping no cumplen los requisitos para ser considerados urbanizables. También explicó que la CUOTA había establecido unos criterios restrictivos a la hora de conceder licencias. El secretario de la CUOTA, José Antonio Uría, negó por su parte que el camping fuese ampliable. Rami ya fue juzgado y absuelto por la licencia del Kaype.