"Por la presente le informamos de que su queja está siendo evaluada por los servicios competentes de la Comisión Europea. Le mantendremos informado de los resultados de esta investigación tan pronto como sea posible". Dos frases después de tres años le ha dedicado Bruselas al colectivo de afectados por la destrucción de manantiales durante las obras de la variante ferroviaria de Pajares, entre los que figuran el Ayuntamiento de Lena, vecinos de Campomanes, varias juntas vecinales leonesas, la asociación Lacerta y la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores.
La Unión Europea (UE) debe resolver si el "desastre ambiental" provocado por la Variante (se han destruido 20 manantiales y se pierden 350 litros de agua por segundo que antes vertían hacia León y ahora lo hacen hacia Asturias y deben depurarse) y la actuación del Ministerio de Fomento ha supuesto la vulneración de tres directivas europeas, las de Hábitats, de Aguas y de Evaluación de Impacto Ambiental.
El abogado de los denunciantes, Carlos González-Antón, inició las acciones judiciales en 2009 y presentó la queja ante la Unión Europea en 2016. "Es un camino lento", señaló el letrado, que confía en que Bruselas dé la razón a los afectados y el caso llegue al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Los denunciantes aspiran a que el promotor de las obras de la variante de Pajares, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) o en su defecto la Administración adopten medidas correctoras para paliar "el desastre" y medidas compensatorias por los daños provocados. En mayo del año pasado prometió hacerlo.
González-Antón resaltó el enorme impacto que la destrucción de los manantiales ha supuesto para varios pueblos de la zona. Acusó a las dos comunidades autónomas afectadas, Asturias y Castilla y León, de haberse puesto "de perfil" ante este "caos ambiental", pues aunque las competencias en materia de aguas corresponden a las confederaciones hidrográficas (en este caso del Cantábrico y del Duero), las regiones tienen responsabilidad en exclusiva en materia de medio ambiente.
El letrado destacó que en 2009 empezaron las denuncias administrativas a la Confederación Hidrográfica del Duero por la derivación de aguas hacia Asturias, pero hasta 2017 no sancionó a Adif, y con solo 10.000 euros, por no presentar el informe de soluciones en el plazo marcado.
La variante ferroviaria de Pajares, ideada en los años ochenta, empezó a ejecutarse en 2005 y acumula 14 años de retraso sobre las previsiones iniciales. Implicará una inversión de casi 3.700 millones de euros y estará finalizada en 2020, aunque el Ministerio de Fomento retrasará algunos pagos hasta 2021. Precisemente en 2021 abrirá al tráfico, pues una vez concluidos los trfabajos deberá de permanecer varios meses en pruebas, hasta que la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria le dé "luz verde".
