Repetir curso sólo de forma excepcional, más autonomía a los centros educativos, menos Religión y más Educación en Valores Cívicos y Éticos en Primaria y Secundaria, materia que volverá a impartirse en las aulas. Son las principales reformas desgranadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, que anunció estos cambios ayer en el Congreso de los Diputados, reformas que dinamitan en gran parte la ley vigente, la LOMCE, que se aplica desde hace cinco años, conocida también por "Ley Wert". La titular de Educación hizo hincapié en la necesidad de apostar por la coeducación, la prevención de la violencia de género, trabajándola desde las aulas con los más pequeños e inculcando valores de igualdad y respeto entre niños y niñas. Celaá también concretó que es necesario e imprescindible fomentar el respeto a la diversidad afectivo-sexual en los colegios.

Pero habrá más cambios. Otra de las reformas que se incluyen es que la Educación Primaria vuela a estructurarse por ciclos. La "ley Celaá" eliminará las "clasificaciones de centros" en las evaluaciones de diagnóstico, que según el nuevo texto se realizarán en el cuarto curso de Primaria y en el segundo de Secundaria, y no serán, como en la actualidad, a final de cada etapa educativa. Celaá también anunció que para obtener la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se hará mediante un título único "sin prueba externa" y se recuperan los programas de diversificación curricular, que se aplican a aquellos alumnos que tienen dificultades para seguir el currículo oficial y a los que se les adaptan los contenidos a sus capacidades. La LOMCE eliminó estos programas sustituyéndolos por programas de mejora del aprendizaje y rendimiento. Además, la "ley Celaá" recupera la obtención del título de Bachillerato a través del proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso exclusivamente para la entrada a la Universidad.

En cuanto al funcionamiento de los centros educativos, las comisiones de selección de nuevos directores incorporan a un director o directora "experimentados" y se establece una formación preceptiva con carácter previo al nombramiento como director o directora.

Los becarios no cotizarán

El Gobierno recula y menos de dos meses después de aprobarse por decreto la obligación de las empresas que contraten a becarios en prácticas no remuneradas a cotizar por ellos 51 euros mensuales, ahora Celaá asegura que si esta medida "genera perjuicio" el Gobierno se posicionará en contra. La medida se aprobó junto a otras decisiones económicas adoptadas para subir la recaudación de la Seguridad Social, pero Celaá reconoce ahora que los empresarios son reticentes a cotizar por estos becarios. "No tengo la solución", aseguró la Ministra, que apostilló que el Ministerio de Trabajo está buscando la forma de "no perjudicar a las empresas". La cotización por los becarios no remunerados supondría para las arcas públicas una recaudación de casi 75 millones de euros al año. Los sindicatos ya han salido criticando al Gobierno por su marcha atrás en esta medida, y aseguran que la cotización de este sector es la única manera de controlar el fraude que se produce con muchos becarios no remunerados que acaban ocupando puestos estructurales.