El Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Seittsa (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre), va a licitar seis contratos para el mantenimiento integral de las autopistas de peaje rescatadas recientemente: R2, R3, R4, R5, AP-36, AP-41, M-12, Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera, por un importe anual, en conjunto, de 42 millones de euros, IVA incluido, lo que supone un total de 126 millones, porque los contratos se licitan por tres años, hasta el 30 de junio de 2022, aunque son prorrogables hasta 5 años, por periodos semestrales.

El rescate de estas autopistas fue interpretado por la oposición en la Junta General del Principado como un agravio a Asturias, porque el Ministerio no contempla la supresión del peaje del Huerna, que iba a finalizar en 2021 pero que fue ampliado hasta 2050 por el Gobierno de José María Aznar.

Los grupos políticos asturianos han solicitado en varias ocasiones el rescate de la autopista del Huerna, cuyo peaje convierte a los asturianos en los ciudadanos del Estado más castigados para viajar por carretera a Madrid, junto con Cataluña. Y con el agravante de que la comunicación con la capital de España por ferrocarril es también muy deficiente por la antigüedad de la rampa de Pajares, y por vía aérea, hasta ahora, implica grandes desembolsos, salvo que se reserve con mucha antelación.

Los contratos de mantenimiento integral para las nueve autopistas rescatadas incluyen:

-La vigilancia de la carretera.

-La conservación de las infraestructuras, que incluye las reparaciones ordinarias de mantenimiento.

-El cuidado y el mantenimiento de las instalaciones eléctricas.

-La limpieza (tanto de las vías como de las oficinas, casetas de peaje, edificios de peaje).

-La defensa del dominio público.

Seittsa gestiona las autopistas de peaje: R2, R3, R4, R5, AP-36, AP-41, M-12, Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera. Son nueve infraestructuras de pago por uso que llevan asociada la conservación y el mantenimiento de tramos libres tan relevantes, en términos de tráfico, como la M-50, en la Comunidad de Madrid, o parte de la A-7, en la provincia de Alicante, y que provienen de la resolución de ocho contratos de concesión, acordada por el Consejo de Ministros a raíz de que las sociedades titulares de los mismos entrasen en concurso de acreedores.

Con esta licitación, que conlleva un notable incremento de medios respecto de los que empleaban los concesionarios (en cuyos contratos Seittsa se subrogó para asegurar la continuidad del servicio), la sociedad pública dependiente del Ministerio de Fomento garantiza que las infraestructuras que explota tendrán una conservación y un mantenimiento adecuados. Los nuevos contratos supondrán un aumento del 39 por ciento en los recursos humanos destinados a estas tareas, y un incremento del 84 por ciento en la dotación de máquinas quitanieves.

Además, se encuentran en redacción los proyectos de reparación de firmes correspondientes a las nueve autopistas y sus tramos libres asociados, que se licitarán próximamente, con la finalidad de garantizar que la circulación se produce en óptimas condiciones de seguridad y confortabilidad.

Un informe elaborado por INECO para la Dirección General de Carreteras ha puesto de manifiesto que las infraestructuras que gestiona Seittsa padecen un déficit de inversiones de más de 320 millones de euros, fruto de los déficits de conservación y mantenimiento de los últimos años.

La prórroga del Convenio de gestión por Seittsa, adoptada por el gobierno de España a finales del pasado mes de diciembre, va a garantizar que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran en estas autopistas van a servir para realizar las inversiones necesarias para la "puesta a cero" de las infraestructuras.

Mientras el anterior ejecutivo decidió volver a poner las autopistas en manos de empresas privadas, sin ejecutar obras de reparación relevantes, el actual gobierno de España ha decidido que las infraestructuras sean de titularidad pública y que los ingresos que proporcionan sean destinados a la conservación y la reparación de las mismas.

Esta medida se une a la rebaja de tarifas que también acordó el Consejo de Ministros en diciembre de 2018, y que representa una reducción media del 30% en el precio de los peajes, con el fin de favorecer el uso de unas autopistas que se encuentran ampliamente infrautilizadas.

El Ministerio de Fomento pretende poner en valor unas infraestructuras licitadas a finales de los noventa y principios de la década pasada que han resultado inviables, cuya reversión al Estado va a suponer un elevado coste para el erario público, y que acumulan un elevado déficit de conservación y mantenimiento, después de años en concurso de acreedores durante los que han perdido el proyecto empresarial original.