Teresa Mallada sabía, como toda la corporación municipal de Aller en 2008, "que la cesión gratuita de los terrenos para construir el geriátrico del Montepío de la Minería era ilegal". El Observatorio Ciudadano Anticorrupción (OCAN) ha partido de ahí para acusar a la candidata del PP a la presidencia del Principado de "mentir" cuando aseguró el pasado viernes que todos sus pasos en el asunto que la tiene en situación procesal de investigada por presunta prevaricación estaban "avalados". Manuel Benayas, portavoz de la organización, vinculada a Podemos, leyó los informes desfavorables emitidos en su momento, noviembre de 2008, por la secretaría y la intervención municipal de Aller y se remitió a sus argumentaciones contrarias a la cesión de las parcelas para la residencia de Felechosa. Oponían los funcionarios que no cabía el regalo de fincas a una entidad que como el Montepío tenía "recursos suficientes para comprarlas" y por eso la decisión unánime del pleno del Ayuntamiento de levantar aquellos reparos se hizo con conciencia plena "de que se estaba aprobando algo contrario a la ley", sostiene. La cesión suponía "beneficiar a una entidad privada -sin ánimo de lucro, pero no declarada de interés público-" y en un caso así "el Ayuntamiento no podía intermediar", sentencia Benayas releyendo las objeciones jurídicas.

Quiso precisar el portavoz de OCAN que el pleno es en este caso "el órgano competente" y que no atenúa la responsabilidad de la ahora candidata el hecho de que su grupo estuviese entonces en la oposición. También que el levantamiento de los reparos jurídicos se efectuó sin aportar desde el pleno "ninguna razón jurídica o informe alternativo para apartarse de las recomendaciones de la secretaría y la intervención". Respecto a la objeción de la candidata con alusiones al evidente interés que tenía para el pueblo de Felechosa la construcción del macrogeriátrico, Benayas opone que "eso no habilita a nadie para saltarse las normas a la torera, y todo esto tiene que ver, más que con cualquier otra cuestión, con el poder omnímodo de José Ángel Fernández Villa y el SOMA y con sus vasos comunicantes con otros partidos".

En la otra controversia abierta desde el viernes, la contradicción entre las versiones de Mallada y la de las fuentes judiciales oficiales respecto a si la exconcejala fue o no citada a declarar como investigada por el juzgado de Lena que acaba de inhibirse del caso, el abogado de OCAN, Alberto Suárez, dice no tener constancia de si la declaración se produjo, pero "lo lógico", apunta, "es que un un año de instrucción se hubiese llamado a declarar a los investigados". El proceso, sobre el que se abrirán unas diligencias nuevas en el juzgado número 3 de Oviedo, incorporadas al "caso Hulla", que investiga las presuntas irregularidades en la construcción del geriátrico, tiene a los ojos de Suárez ciertas peculiaridades si se lo compara con el modelo canónico de la supuesta corrupción en España: "No es habitual que se levante un reparo, normalmente se siguen las opiniones de los técnicos", afirma el letrado. Pero normalmente los acusados se defienden asegurando que han seguido los informes de los técnicos. "Esto es al revés. Se arriesgan a cometer un delito de prevaricación administrativa contradiciendo a la intervención y a la secretaría".