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La Consejería de Educación tendrá que dar a los fisios y auxiliares ropa o dinero

El Principado trató de evitar el pago del vestuario de 2018 con los argumentos de la prórroga regional y de que entregó tarde el del año anterior

La consejería de Educación tendrá que dar a los auxiliares educadores ropa o dinero para comprarla, según una sentencia que acaba de dictar la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, ante un litigio planteado por USIPA.

La aportación de las prendas a los fisioterapeutas y auxiliares educadores está prevista en el convenio colectivo con una periodicidad anual pero la administración regional pretendía ahorrarse el suministro de vestuario correspondiente al año 2018 con el argumento de que la ropa del año 2017 se había entregado en ese ejercicio y que, además, la prórroga presupuestaria en el Principado impedía realizar un nuevo contrato. Es decir, pretendía sacar un ahorro del citado retraso, aprovechando la prórroga de las cuentas regionales.

La sentencia habla de "falta de previsión" por parte de la Administración regional. La denuncia fue presentada por el sindicato USIPA, que reclamó bien la entrega del vestuario o en su defecto el pago del dinero necesario a los auxiliares educadores para su adquisición.

El alegato de la consejería de Hacienda tuvo dos argumentos principales: en primer lugar esgrimió que "el suministro correspondiente al año 2017 se adjudicó en noviembre de 2018 estando en fase de ejecución", y en segundo lugar recurrió a la prórroga del Presupuesto del Principado del pasado año, al mantener que "durante el año 2018 la disponibilidad presupuestaria en la partida afectada del Presupuesto de 2017, prorrogado para 2018, no permitía la tramitación de un nuevo contrato", al estar consumido el crédito para la adquisición de vestuario.

"Falta de previsión"

La Sala Social del Tribunal de Justicia de Asturias ha dado la razón a la reclamación laboral defendida por sindicato USIPA con el razonamiento de que "la falta de previsión" del Principado "a adjudicar el contrato de suministro del año 2018 (?) incumpliendo así la obligación que el convenio le impone, por causa que no se acredita, no justificaría el incumplimiento". La administración regional tenía la posibilidad de recurrir este fallo judicial, para lo que debería entregar un depósito de 600 euros, pero en USIPA no tienen confirmación de sí ha optado por ese paso o no. De todas formas, aseguran, es bastante difícil que pueda prosperar un recurso en este litigio.

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