Hasta hace bien poco, un diputado en Cuenca o Teruel importaba bien poco. En el esquema del bipartidismo, las provincias más pobladas eran el objetivo electoral, el granero en el que obtener una buena cosecha de votos, el caladero en el que centrar los esfuerzos de programa y mensajes. El voto urbano constituía el magma que terminaba por decidir el resultado de unas elecciones. Lo que ocurriese en las regiones de lo que últimamente ha venido a llamarse "la España vacía" (con una gran dispersión y una sangría demográfica continuada) apenas generaba incertidumbre: había territorios del PSOE, otros del PP (la mayoría en el caso de regiones muy rurales), y poco más.
Sin embargo, esa situación ha cambiado. Y dos son las razones: primera, la fragmentación del panorama político, con varios partidos repartiéndose el pastel; segunda, el propio sistema de reparto de escaños, basado en la ley D'Hondt.
La fórmula ideada en 1878 por el belga Victor d'Hondt volverá los próximos días a copar las tertulias políticas, así que tomen nota. Este jurista y profesor de Derecho planteó un sistema de reparto de cargos electos en función de los votos recibidos. En realidad no fue una idea original suya, sino que se basó en la fórmula que ya estableció el norteamericano Thomas Jefferson (principal autor de la Declaración de Independencia de Estados Unidos) para el prorrateo en el Congreso del país que nacía tras la independencia del Imperio británico.
La fórmula matemática. El sistema D'Hondt de reparto de escaños es más complicado de explicar que de ejecutar. Básicamente consiste en dividir entre los distintos números naturales (1, 2, 3, 4...) el número de votos obtenidos por cada partido. Colóquese ese resultado en una tabla y repártanse los escaños en liza siguiendo los cocientes más altos.
Esta fórmula, que aplican numerosos países, ha sido criticada de manera recurrente por los partidos más pequeños, ya que en circunscripciones con pocos escaños en disputa, los partidos más votados reciben un número de representantes superior a los que les correspondería en un reparto proporcional. En España, hasta ahora, cuando en la mayoría de las regiones la cosa se discernía entre el PP y el PSOE y, acaso, algo para IU, eran los de la coalición de izquierdas los que abjuraban del sistema de reparto. También lo veían bien las formaciones nacionalistas, con fuerte representación en sus territorios respectivos. La ley D'Hondt prima a quien domina una circunscripción frente a los partidos que suman mucho en total pero por medio de un goteo de votos en diferentes territorios.
El escenario para las próximas elecciones generales del 28-A está lleno de incertidumbre. Los analistas políticos no se atreven a hacer apuestas. Y una de las razones para la duda está precisamente en el reparto de escaños. Los diputados del Congreso se ganan provincia a provincia, con territorios que representan en algunos casos solo 3 o 5 diputados. El margen de sorpresa era el justo cuando el bipartidismo dominaba la escena política. Pero ¿qué ocurre cuando, como mínimo, hay cinco partidos en disputa? ¿Y además algunos de ellos se mueven en horquillas próximas? El resultado es algo equivalente a lo que en Física se denominan "sistemas dinámicos inestables", es decir, aquellos en los que una pequeña variación de las condiciones iniciales puede terminar dando lugar a un resultado que diverge radicalmente. En cierta medida es así: pequeñas horquillas de votos entre los partidos en varias provincias que "pesan" muy pocos diputados pueden, en definitiva, inclinar la balanza final hacia una mayoría de izquierdas o una mayoría de derechas en el Congreso de los Diputados. El aleteo de un escaño en Guadalajara puede desatar una tormenta en el palacio de las Cortes de la madrileña Carrera de San Jerónimo. La batalla ahora está en la periferia.
El voto útil de Casado. Uno de los primeros en percatarse de que había que mirar a las provincias fue Pablo Casado. El candidato y presidente del Partido Popular, que disputa el espectro electoral a Vox y Ciudadanos, pidió a la emergente formación de derechas que no concurriese en algunas circunscripciones para evitar beneficiar indirectamente a los socialistas. El pasado 22 de febrero, Casado intervenía en Las Navas del Marqués (Ávila) mientras de fondo rumiaban con parsimonia unas vacas. En las redes sociales hubo chanzas, pero aquella imagen tenía su sentido: en Ávila los populares necesitan sostener el voto rural para evitar perder un escaño por el ascenso de Vox.
Ávila podría servir de ejemplo ilustrativo. Los abulenses eligen tres diputados. En los últimos comicios, los populares se llevaron dos escaños y los socialistas uno. Pero si una tercera fuerza emerge, el partido más votado puede perder ese segundo escaño. Para impedirlo sería necesario que, pongamos por caso, el PP obtuviese el doble de votos que Vox o Ciudadanos o quienquiera que fuese el que llegue por detrás de los socialistas.
En algunas de estas provincias los votos están muy ajustados: las victorias se determinan por un puñado de papeletas. Un ascenso de los socialistas (en plena ola favorable al recibir simpatías de anteriores votantes de Podemos o Izquierda Unida) podría hacer que en esos territorios se llevasen dos escaños frente a uno de la derecha.
La explicación en Asturias. Esa situación, por ejemplo, explica el afán de Pablo Casado por coser un acuerdo electoral en Asturias con Foro, pese a que el partido que impulsó Álvarez-Cascos sume, según las encuestas, bien poco. Toda papeleta cuenta, entiende Casado; lo que sea con tal de marcar distancia con Ciudadanos o Vox no sea que los números de la ley D'Hondt otorguen alguna sorpresa. Con todo, algunos sondeos prevén en Asturias un ejemplo de cómo el reparto puede resultar perjudicial para el PP: al hacer la asignación con la ley D'Hondt, algunas estimaciones negativas para la derecha pronostican para los socialistas tres diputados, mientras que populares, Ciudadanos, Podemos y Vox consiguen uno cada uno. Arrebatando votos a los naranja y a los de Abascal, el PP se podría llevar hasta tres diputados.
Casi un centenar de escaños.
Las zonas menos pobladas, que sufren un severo problema de despoblamiento en comunidades como Asturias, pero principalmente Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, determinan casi un centenar (99) de asientos del Congreso. Se trata de territorios que eligen tres, cuatro o cinco diputados. Allí se pelea cada papeleta. Todos los partidos han orientado sus estrategias hacia estos electores.
Los socialistas agitan el miedo a la extrema derecha para aglutinar votantes de Podemos en desbandada y evitar que nadie se confíe y se quede en casa el 28-A. Ciudadanos, que siempre miró al elector urbano, se ve ya pateando villas y pueblos para lanzar un mensaje rural. Vox, dispuesto a aprovechar siempre el descontento, apela a las décadas de olvido para ganar adeptos. No en vano, el despoblamiento, el problema que ha desangrado a numerosas provincias y que en Asturias ha dejado además una severa huella de envejecimiento, se ha convertido en asunto de primer orden para los partidos. El Gobierno se ha apresurado a lanzar una "estrategia" frente al reto demográfico y los de Albert Rivera han presentado un plan para promover el asentamiento en territorios con censos a la baja.
Todas las opciones están sobre la mesa de cara al Gobierno que salga de las urnas el 28-A: desde un Ejecutivo de mayoría socialista con acuerdos con Podemos y partidos nacionalistas hasta una alianza de Pedro Sánchez y Rivera por mucho que ahora se hagan cruces, o una fórmula de pacto PP-Ciudadanos con la aquiescencia de Vox. Pero los márgenes para cada caso son muy estrechos, dependen de unos cuantos diputados que, precisamente, pueden salir de la incertidumbre que existe en las provincias menos pobladas y sometidas a los juegos de la ley D'Hondt.
Las calculadoras electorales ya no hacen grandes números, sino que echan la cuenta escaño a escaño. La pugna entre bloques por el Gobierno se dirime en el cuerpo a cuerpo.
