Las cuatro asociaciones de jueces, a nivel nacional, manifestaron ayer su respaldo a la magistrada de Oviedo que el pasado miércoles ordenó el ingreso de una mujer en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para que diera a luz en un centro hospitalario debido a su avanzado estado de gestación.

"Las resoluciones judiciales, aunque están sujetas a críticas, deben ser respetadas y la forma de atacarlas no son otras que los recursos establecidos por Ley contra las mismas", subrayan en un breve comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Oviedo, Marta Iglesias, ordenó el miércoles el ingreso hospitalario de la mujer tras recibir una solicitud del subdirector de Servicios Quirúrgicos y Críticos del HUCA para la práctica de un parto inducido. Un informe del jefe de sección de Obstetricia advertía de que si el parto no se realizaba en el hospital existiría "riesgo de hipoxia fetal y muerte fetal intrauterina".

En un principio, el marido de la embarazada se mostró reacio a su traslado y una matrona particular explicó a los agentes que consideraba innecesario el ingreso. No obstante, la policía que había acudido al domicilio consiguió convencerlos y la mujer fue trasladada al hospital entre protestas de familiares y miembros de la asociación "El parto es nuestro".

La psiquiatra Ibone Olza, doctora en Medicina y especialista en Psiquiatría, y cofundadora de la asociación "El Parto es Nuestro", hizo público un escrito dirigido a la ministra de Sanidad, la asturiana María Luisa Carcedo, en la que señala, entre otros argumentos: "Que una mujer pueda rechazar cualquier tratamiento que le ofrezcan los médicos es el principio fundamental de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente", señala Olza, quien añade que, "desde el punto de vista médico, lo único justificable hubiera sido someter a la mujer a una valoración psiquiátrica por si hubiera alguna duda sobre su estado mental".