La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 33 miembros de una red dedicada a la sustracción, falsificación y posterior cobro de pagarés y cheques falsos en 33 provincias, Asturias entre ellas. En total se calcula que cometieron 1.640 delitos con los que consiguieron más de 760.000 euros.
La red contaba en el último escalón con "buzoneadores", encargados de sustraer la correspondencia de los buzones de sociedades mercantiles, casi siempre en polígonos industriales o directamente de vehículos del servicio de Correos. Allí buscaban pagarés o cheques originales, que eran entregados a los "falsificadores", encargados de modificar el importe, la fecha de vencimiento y los datos del beneficiario.
Se trata de la Operación Brain-Ceci, desarrollada en Castilla-La Mancha, Madrid y Comunidad Valenciana, donde se ha detenido a 33 personas e investigado a otras tres con edades comprendidas entre los 23 y los 55 años.
A todos ellos se les atribuye 1.640 delitos cometidos en 2017 y 2018 en Asturias, Albacete, Madrid, Valencia, Alicante, Castellón, Murcia, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Cuenca, Almería, Málaga, Sevilla, Jaén, Granada, Córdoba, Cádiz, Burgos, Soria, Palencia, Segovia, Salamanca, Valladolid, Zaragoza, Huesca, Teruel, Santander, La Coruña, Lugo, Badajoz, Barcelona y Vizcaya.
La operación se inició tras la comisión de un delito de estafa en una sucursal bancaria de la localidad albaceteña de Pozohondo. Tras las primeras pesquisas, los agentes detectaron a varias personas que podrían conformar un importante y complejo entramado criminal dedicado a robar y falsificar pagarés y cheques para cobrarlos posteriormente.
La red estaba dirigida por tres personas, mientras que en el segundo escalón estaban los falsificadores, con una amplia formación y especialización en la manipulación, adulteración y falsificación de documentos identificativos y medios de pago bancarios.
Además de los "buzoneadores", la red contaba con otros miembros, como los "conductores", encargados de reclutar a los "pasadores" y llevarles hasta las sucursales bancarias elegidas para que perpetraran las estafas. Para ellos se les suministraba documentos de identidad falsos con su fotografía y una firma que fuesen capaces de reproducir.
Para dar veracidad a los documentos falsos se respetaba la información básica, como sería la sociedad mercantil que emitía el documento, su número IBAN de cuenta bancaria, la firma del representante que constaba en el documento original y el número de serie de éste, lo que le daba una mayor sensación de validez.
Las falsificaciones se realizaban en al menos tres "laboratorios" ubicados en otros tantos inmuebles y cuya localización solo era conocida por los jefes de la red.
Durante los registros practicados se localizaron ordenadores, impresoras y escáneres de máximas prestaciones tecnológicas, así como la correspondencia postal sustraída y documentos ya falsificados y listos para su uso. También se hallaron productos químicos, tintas luminiscentes y tampones preparados para simular las medidas de seguridad de los documentos mercantiles o de identidad, así como papel de calidad idéntica al utilizado para la emisión legalmente de los efectos financieros.
Durante los registros de laboratorios y domicilios se incautaron 3.220 euros en billetes de distinto valor, numerosos teléfonos móviles y equipos informáticos completos.
Las diligencias junto con los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Albacete.
