05 de octubre de 2019
05.10.2019

La sanidad copa las quejas al Procurador de Castilla y León

"Es eficaz trasladar a los medios de comunicación las denuncias por incumplimientos", destaca el catedrático Tomás Quintana

05.10.2019 | 00:09

El Procurador de Castilla y León recibió a lo largo de 2018 unas 6.500 quejas de los ciudadanos, de las que en torno a 4.100 tuvieron su origen en el ámbito sanitario. Así lo expuso ayer Tomás Quintana López, procurador general de las Cortes de Castilla y León, en el marco de su intervención en la Jornada sobre Prestación de Servicios Socio-Sanitarios, celebrada en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo. "Muchas de estas reclamaciones provienen del medio rural", en una comunidad autónoma con "un gran número de pequeñas localidades, mucha movilidad del personal y diversas deficiencias en la cobertura", precisó Quintana, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de León.

"Resulta eficaz trasladar a los medios de comunicación las quejas a las Administraciones incumplidoras", destacó el ponente, cuya Oficina ha actuado de oficio en defensa de los mayores internados en residencias de la Junta de Castilla y León. "Se trata de personas muy vulnerables que, en ocasiones, sufren deficiencias en su higiene y su alimentación", indicó el experto, en alusión a situaciones en las que el sistema de inspección "no había funcionado". En estos casos, el cometido del procurador consiste en "requerir a la Administración" para que mejore la atención que se presta en los establecimientos de los que es titular.

La Jornada sobre Prestación de Servicios Socio-Sanitarios abordó, desde diversas perspectivas, el futuro de los servicios públicos ante los retos de la economía mundial, así como el modo en que pueden verse afectadas las garantías de los ciudadanos por las nuevas tecnologías. La actividad estuvo dirigida por Leopoldo Tolivar y Miriam Cueto, ambos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, y contó con la participación, entre otros, de Tomás Font i Llovet, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona, y de Mónica Domínguez Martín, profesora titular acreditada de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid.

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