“Hoy los asturianos estamos de luto, porque el ingreso en prisión de los principales condenados por el ‘caso Marea’ demuestra el descontrol absoluto y el caos administrativo y de gestión que reina en el Principado”, porque “no se corrigió”, señaló María José Rodríguez, portavoz de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall), colectivo que ejerció la acusación particular en el mayor caso de corrupción jamás juzgado en Asturias.

Rodríguez destacó la “llamativa” y “significativa falta de colaboración” de los sucesivos gobiernos del Principado con los jueces del “caso Marea”, y subrayó el hecho de que diez años después de que comenzara la investigación judicial el Ejecutivo autonómico aún no haya determinado “la cuantía que se usurpó a las arcas públicas, que era dinero de todos los asturianos”.

“Sin la presencia de Avall probablemente no habría llegado este momento”, porque el “caso Marea” ha tenido que superar “incontables obstáculos”, como “cambios de juez, traslados, falta de colaboración de la Administración…” Rodríguez, en nombre de Avall, destacó el trabajo del juez Sorando, que impulsó un muestreo al azar en varios colegios asturianos y “descubrió la tostada”.

La secretaria de Avall criticó el “parasitismo” y el “ansia política” de Podemos, que llegó a la causa “tarde, mal y nunca, en el último minuto”, e intentó “fagocitarla” y atribuirse un “éxito que en realidad no es sino una absoluto fracaso para todos. Porque hoy no es un día alegre, sino triste. Estamos de luto, porque lo único positivo es que ha habido una sentencia ejemplarizante”.

María José Rodríguez tuvo un recuerdo para los afectados por el “caso Marea”, las personas cuya identidad fue usurpada, una de las cuales falleció, y sus familiares, que han vivido “un auténtico infierno”, que han tardado diez años en ver demostrado que tenían razón, y para los que “no hay compensación económica posible”.

El abogado de Avall, Esteban Aparicio Bausili, señaló que en su día realizó una estimación del posible quebranto económico sufrido por el Principado, que cifró en unos 30 millones de euros. No obstante, aclaró que al haberse desechado varios delitos la cantidad definitiva será con toda seguridad "mucho menor”.