Para librar esta batalla hay que quitarse la camiseta del partido, aparcar las lealtades ideológicas y disponerse a enfrentarse con los compañeros de partido. Por eso es tan compleja la discusión que ayer abrieron en Oviedo el presidente del Principado, Adrián Barbón, la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y los portavoces de todos los grupos de la oposición parlamentaria a la búsqueda de una postura unitaria en la inminente reforma del modelo de financiación autonómica. Salieron todos de su primera cita constatando posibilidades de acuerdo y pidiéndose unos a otros lo mismo: "Si dejamos de lado el partidismo y pensamos en los intereses de Asturias, de aquí tiene que salir una respuesta común". La frase es de Barbón, pero también podría haberla pronunciado cualquiera de los seis portavoces que estaban ayer al otro lado de la mesa. La demanda coincide en su formulación casi exacta con la exigencia que él mismo recibe de sus antagonistas en esta discusión peculiar en la que la oposición en pleno también reclama al Presidente más lealtad a Asturias que a la directriz política que marque el PSOE.
Barbón llevó a la primera reunión, de algo más de una hora, un primer borrador "muy inicial" de trabajo, un documento de cinco páginas donde se lee lo ya defendido sobre la necesidad de que en el nuevo sistema de reparto de fondos pese sobre todo "el coste real y efectivo de los servicios públicos" y los factores muy peculiares de Asturias que los encarecen, como la estructura de una población envejecida, su dispersión, la orografía... Se manifiesta el documento contrario a la eliminación del "statu quo" y beligerante respecto al principio "ordinalidad" tal y como lo entienden las autonomías antagonistas de Asturias, una exigencia de que sean las comunidades con más capacidad de recaudación fiscal y aportación al sistema las que más fondos reciban en el reparto de la tarta de ingresos tributarios del Estado. Eso, dice el documento, "permitiría a determinados territorios disponer de una financiación privilegiada".
El Gobierno ve prioritario alumbrar mediante el consenso un modelo "atemporal" y ajeno a intereses partidistas que dote al sistema de más recursos para corregir los desfases generados por el modelo vigente. Es la apuesta conocida de Asturias, que persevera en las alianzas ya emprendidas con otras comunidades de las mismas circunstancias y que colisiona con las perspectivas sobre la conveniencia de primar el volumen de población o la capacidad de recaudación fiscal que ardorosamente defienden, por ejemplo, los socialistas que gobiernan Valencia.
En el documento para la búsqueda del consenso político en Asturias figura "como propuesta para el debate" una "armonización fiscal de mínimos" entre autonomías que no quiere, explica Barbón, "privar de margen de maniobra a las comunidades", pero sí combatir la situación actual de "dumping fiscal" o "competencia" entre autonomías contra la que el Principado se ha soliviantado varias veces desde que este verano se anunció la agresiva rebaja tributaria del nuevo Gobierno popular de la Comunidad de Madrid. Fue éste un punto de fricción con el PP asturiano, pero ayer la portavoz popular, Teresa Mallada, no fue más allá de un "hay que analizarlo muy bien" adosado a su conciencia de que "parece que sí" hay posibilidades de sintonía y a la promesa de tener "desde el primer momento sobre la mesa la exigencia" de que Barbón mire más por el interés de Asturias que por el del PSOE. El PP hizo además su aporte al debate pidiendo que la nueva financiación tenga en cuenta la estructura laboral asturiana, su baja tasa de actividad y su elevada proporción de parados mayores, o lo ya dicho sobre el reparto del fondo de convergencia según el PIB per cápita y no usando la renta, elevada de forma poco realista en Asturias por el efecto de las pensiones.
El enfoque de la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, confía asimismo en que el Presidente "antepondrá su obligación de lealtad con los asturianos a otro tipo de lealtades como la disciplina de partido" y requiere del Principado que además de defender el peso del envejecimiento y la dispersión en el debate haga "un esfuerzo en la gestión del gasto público" para volverlo "más eficiente". A su homóloga de Podemos, Lorena Gil, no le parecen suficientes las alianzas con otras autonomías y llama a la definición de "medidas concretas más allá de las grandes palabras sobre la necesidad del consenso", proponiendo enriquecer el borrador del Gobierno con cuatro "variables fundamentales". Reincide sobre la necesidad de una escuela pública y gratuita para menores de tres años y pide que la financiación tenga en cuenta la "huella ecológica" -o la de la "contaminación que nos hemos tragado" durante decenios-, la penalización de las comunicaciones, que debe llevar al Principado a pedir casi con "criterios de insularidad", o los impactos de la brecha salarial. Ángela Vallina (IU) detecta un posible consenso siempre que se ponga el debate "por encima de la política" y Adrián Pumares (Foro) pide "que nos alejemos de intereses partidistas" y de la bilateralidad de Pedro Sánchez "abriendo el melón" en Valencia. Estuvo Vox, excluido hasta ahora de los contactos, y al salir la diputada Sara Álvarez agradeció el gesto y se puso de parte de un modelo que "beneficie Asturias" y se sitúe "lejos de los debates partidistas".
