Las personas que solicitan en Asturias atención en aplicación de la Ley de Dependencia deben esperar una media de un año y dos meses hasta que reciben respuesta del Ejecutivo regional, cuando la legislación establece un periodo máximo de seis meses. Si la cuenta se hace en días, en el Principado se trata de 431, cuando la ley fija que no se deben superar los 180. La media nacional es de 421 días.

Los datos los ha revelado la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios sociales, observatorio estatal para la dependencia, y se sustentan en la nueva estadística elaborada por el IMSERSO, que depende del Ministerio de Sanidad, encabezado por la asturiana María Luisa Carcedo. Es la primera vez que se incorpora esta estadística en sus informes, con el objetivo de evaluar la marcha del sistemas e introducir medidas de mejora.

Según este estudio, en 5.477 solicitantes sin valorar, y 11.207, en trámites. El tanto por ciento de desatención, lo que técnicamente se denomina (limbo) es del 21,3 por ciento.

La consejera de Derechos Sociales, Melania Álvarez, ya admitió estos retrasos e incluso que hay zonas en las que por falta de medios la espera puede llegar incluso a los dos años, y pidió perdón por ello en sede parlamentaria. También ha elaboraop un plan de choque que se ha incluido en los presupuestos regionales para 2020 con un presupuesto de 903.500 euros para el periodo 2019-2021 con el objetivo de reducir en el plazo de un año el tiempo de espera al máximo legal establecido en seis meses.

Ceuta (70 días) y Melilla (170), País Vasco (137), Navarra (155) y Castilla y León (191) son las únicas comunidades que cumplen con los plazos establecidos. Las comunidades que acumulan más tiempos de espera son Canarias (785), Extremadura (675), Andalucía (621) y Cataluña (576).