El paso hacia delante de la Fiscalía, y la denuncia que incita a un juzgado de Avilés a investigar el método de reparto de los beneficios en las promociones residenciales de Sogepsa, ha reactivado la chispa de la protesta política, de la sospecha de irregularidades y de la petición de cuentas al Gobierno del Principado en la Junta. La oposición parlamentaria cuestionó ayer la gestión de la sociedad mixta del suelo, con su deuda multimillonaria y las sombras que han jalonado su trayectoria más reciente, y se lanzó a la exigencia de comparecencias públicas de los responsables de la entidad cuyo accionariado comparten en la parte pública el Principado y 32 ayuntamientos de la región y en la privada una representación del sector de la promoción inmobiliaria. El Gobierno regional optó ayer, a la espera de noticias concretas sobre el proceso, por el silencio.
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La denuncia, presentada por un presunto delito societario contra los gestores de la empresa desde 2007 -entre ellos los sucesivos consejeros de Infraestructuras, además de alcaldes y concejales y altos cargos del urbanismo regional-, trata de esclarecer si como sostienen los instigadores del procedimiento, propietarios de algunas parcelas expropiadas, hubo fraude en la renuncia de Sogepsa a su parte del beneficio de la promoción residencial de La Magdalena, en Avilés. Los denunciantes dirigen la sospecha hacia la supuesta rebaja de los precios a los que Sogepsa vendía los solares a los constructores -muchos de ellos miembros a su vez del accionariado de la sociedad mixta-, y entienden que por esa vía la empresa renunció al rédito que le correspondía en provecho de sus socios privados. El procedimiento judicial está aún en fase preliminar y la empresa recibió la pasada primavera, poco después del inicio de las pesquisas desde la Fiscalía, un requerimiento para la identificación de sus gestores -los componentes del consejo de administración y la comisión directiva- desde 2007, la fecha de las expropiaciones de La Magdalena. En la lista de potenciales implicados hay responsables políticos de los partidos que tocaron gobiernos en los últimos años: en los órganos decisorios hubo casi siempre mayoría socialista además de presencias de PP, Foro e IU.
En algunas de las reacciones políticas de ayer se traza, mientras tanto, un atisbo de conexión entre el contenido de la acusación y el corazón de la profunda crisis que atraviesa Sogepsa, con un pasivo que en el balance a 31 de diciembre de 2018 superaba los doscientos millones de euros. Los grupos de la oposición en la Junta fueron casi unánimes en la petición de explicaciones públicas y algunos creen atisbar aquí indicios de cómo se generó en parte el profundo agujero de la empresa. Daniel Ripa, secretario general de Podemos Asturies, reclama de modo preventivo la paralización de "cualquier pago de la deuda de Sogepsa" -que considera "ilegítima" a la espera de saber si también es ilegal- hasta que concluya la investigación y amenaza, o "se reserva", "posteriores acciones tanto jurídicas como parlamentarias". Pero la música de la denuncia le suena. "Mientras se descapitalizaba la entidad y se enviaban fondos públicos a empresas privadas, a constructoras que tenían una gran capacidad de influencia sobre el Gobierno, se producía una especie de capitalismo de amiguetes", afirma Ripa, "donde se socializaban las cuantiosas pérdidas de la entidad a la vez que se privatizaban los beneficios". Recuerda otras presuntas irregularidades denunciadas, "el pago de cursos de formación al exgerente o el reparto de regalos entre directivos", y colige que "era el pago por mirar hacia otro lado mientras se generaba una cuantiosa deuda que llevaba a la entidad a una quiebra que ahora se quiere pagar con fondos públicos". El parlamentario pide mientras tanto la comparecencia del vicepresidente, consejero de Infraestructuras y presidente de Sogepsa, Juan Cofiño, en la Junta.
El diputado del PP Pablo González urge también "al Gobierno de Adrián Barbón a esclarecer este hecho de inmediato para que independientemente de la mucha o poca eficacia política de Sogepsa, o de su mucha o poca necesidad, no quede ni una sombra de duda sobre el manejo de los fondos" de la sociedad. Requiere también la comparecencia de Cofiño, acompañado por todos los representantes del Principado en la empresa, y la convocatoria de la Junta de Portavoces como marco de las "primeras explicaciones".
En la petición de cuentas confluye la portavoz de Ciudadanos, Laura Pérez Macho, para quien la empresa mixta del suelo es "el paradigma de la mala gestión y la falta de transparencia en el Principado". Tras recordar el rosario de conflictos judiciales de la empresa, del que el de La Magdalena "parece ser sólo el penúltimo episodio", insta "al Gobierno regional y al vicepresidente Cofiño a que propongan una solución viable que termine de una vez con los problemas que viene arrastrando Sogepsa en términos económicos, operativos y judiciales. Se trata de una entidad que además de ser una fuente permanente de problemas", resalta, "ni siquiera está cumpliendo con las funciones contempladas en su objeto social, la promoción y la venta de suelo".
El diputado de IU Ovidio Zapico proclamó su respeto hacia los procesos judiciales y su convicción de que "todos los representantes de IU que han formado parte de los órganos de Sogepsa se condujeron siempre dentro de la legalidad" y renovó el compromiso de su formación con la pretensión del Gobierno del Principado de transformar Sogepsa en íntegramente pública. "Ya está bien de socializar pérdidas y privatizar beneficios", proclamó, antes de perseverar en que los socios privados deben colaborar en el proceso.
Adrián Pumares, portavoz de Foro, se limitó a poner de manifiesto su respeto por los asuntos judiciales y Sara Álvarez Rouco (Vox) ve confirmado lo que esa formación sospechaba, "que Sogepsa es un enorme agujero, un lastre de millones de euros amparado por los políticos socialistas legislatura tras legislatura".