La pretensión recién reactivada de transformar Sogepsa en una sociedad íntegramente pública le permitiría, según la versión de los expropiados por la empresa, seguir operando como lo viene haciendo hasta ahora. Tendría la condición de ente instrumental de la administración, destacan, y como tal podría seguir recibiendo adjudicaciones de parcelas previamente expropiadas. De mantener su estatus actual de empresa mixta, Sogepsa tendría sin embargo la obligación de concurrir en el mercado inmobiliario en igualdad de condiciones con otros operadores. Su posición es ésta desde que el Principado recibió de la Comisión Europea, previa denuncia de los expropiados de La Magdalena, un emplazamiento para la modificación de su normativa urbanística y el cumplimiento de los preceptos comunitarios de la libre competencia.
A raíz de ese conflicto y de los otros que persiguen a la sociedad mixta, el Principado siempre ha sido partidario de su transformación en entidad plenamente pública. Esta intención ha sido renovada esta semana e incluida dentro de los propósitos legislativos del Gobierno para este mismo ejercicio. En este propósito, el Ejecutivo autonómico ha encontrado siempre el apoyo de los constructores que configuran la parte privada del accionariado de la empresa, no tanto el de la mayoría de los grupos parlamentarios de la Junta, toda vez que sólo IU respalda abiertamente la propuesta.
