La lista de las personas que esperan atención en aplicación de la Ley de Dependencia creció en Asturias en 2019 más que en ninguna otra comunidad autónoma salvo Extremadura. La cifra se estiró un 7,8 por ciento, sólo una décima menos que la extremeña, a pesar de que el ejercicio se cerró con una rebaja de 952 en el número total de beneficiarios atendidos, una aparente paradoja que la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales valora como "un auténtico desastre" en el auxilio al dependiente que se presta en el Principado.
José Manuel Ramírez, presidente del colectivo que ayer actualizó los datos al cierre del año pasado, ve un indicio "gravísimo" de "mala gestión" en ese cruce de datos revelador de que ni siquiera se ha cubierto la tasa de reposición. "Es como tener a gente esperando plaza en un hospital", afirma, "y cuando se muere un paciente cerrar la habitación". Sólo siete de las diecisiete autonomías vienen de cerrar el ejercicio con incrementos en sus listas de espera, pero únicamente Asturias y Extremadura terminaron el año con menos usuarios atendidos tras una disminución de 966 y 952, respectivamente. "No es que se haya paralizado, es un retroceso", valora Ramírez con un punto de amargura y la repetición de un diagnóstico que lamenta que el Principado no haya "descentralizado los procedimientos de la dependencia" implicando en su gestión a los ayuntamientos.
El Observatorio para la Dependencia, la evaluación periódica del servicio que se actualiza bajo tutela la asociación de los profesionales de la atención al dependiente, ha vuelto a constatar una preocupante "ralentización del sistema" en el conjunto del país, con 20.000 personas más en una lista de espera que ya se eleva a 270.000 solicitantes con derecho a servicios o prestaciones que no reciben. El colectivo añade a su inventario de denuncias sistemáticamente desatendidas el ensanchamiento del periodo medio de espera de los dependientes: según los últimos datos de Asturias, la media de demora es de un año y dos meses, por encima de la media nacional y más del doble de los seis meses en los que está establecido el tope legal.
Ramírez y la asociación de profesionales de los servicios sociales vuelve a considerar especialmente alarmante el drama en progreso de las personas que se mueren en lista de espera, una situación que estiman que afectó a cerca de 31.000 personas en toda España en 2019, a razón de 85 fallecimientos diarios. El diagnóstico desalentador de su radiografía de la dependencia se remata con la consideración de que aunque no todos los males del sistema son financieros, "es evidente que el recorte mantenido desde 2012 ha dinamitado la capacidad de las administraciones para ofrecer mejores resultados".
