Sin desvelar la estrategia concreta, el Gobierno del Principado espera que el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado para mañana "se aborde el debate" sobre los 75 millones de euros que la autonomía tiene pendientes de la liquidación del IVA de 2017 y se den soluciones. El Ejecutivo hace ese planteamiento con los tribunales al fondo, apelando "al diálogo" y dispuestos a activar el camino del juzgado "en el caso de que el resto de las vías, las políticas y las administrativas, no den resultado". Es en ese contexto de cierta tensión, con algunos presidentes regionales señalando ya decididamente hacia los tribunales, en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recibe mañana a los titulares de Hacienda de las autonomías. De entrada, la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y portavoz del Principado, Melania Álvarez, ha querido dejar claro hoy que el Gobierno no denuncia a la reclamación de los fondos y que "se irán tomando las medidas oportunas, sin descartar ninguna de ellas, en función de cómo vaya evolucionando la situación".

Para esquivar toda crítica a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, Melania Álvarez quiso recordar esta mañana que "el origen de este problema y la ausencia de soluciones están en aquella decisión unilateral del PP -del Gobierno que modificó el periodo de liquidación del IVA, provocando que en 2017 no se liquidasen doce meses, sino once-"."Nosotros", reiteró lo dicho anteriormente, "fuimos beligerantes en aquel momento y seguiremos siéndolo ahora. Es una muestra de coherencia".

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera de mañana, por lo demás, el Gobierno del Principado reclamará "la flexibilidad de los objetivos de déficit, la revisión de los márgenes de estabilidad presupuestaria y deuda pública para las comunidades autónomas" que el anterior Ejecutivo autonómico viene pidiendo con reiteración. Se planteará, confirma Álvarez, que "se tenga una especial sensibilidad con las autonomías" como entidades que prestan "los servicios públicos básicos a la ciudadanía" y se agradece, de entrada, que la senda de déficit y el reparto del esfuerzo fiscal entre administraciones entre 2021 y 2023 se plantee "en febrero y no en julio, como era habitual", habida cuenta de que es ésta una información básica para la elaboración de los presupuestos autonómicos.

Hablaba Álvarez al final de la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana, en la que se completó el Plan Normativo para 2020, que ya había anunciado que abarcaba el propósito de aprobar 38 proyectos de ley a lo largo de la legislatura, catorce este año, con el plan de iniciativas legislativas, que incluye además la tramitación de 115 decretos. Entre ellos figuran el relativo a las indemnizaciones por daños ocasionados por la fauna silvestre, el que regulará el sistema científico, el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, el que regulará el reconocimiento de la condición de familia monomarental y monoparental, el de Atención Infantil Temprana y los que regularán el Registro Industrial y la actividad artesanal en la comunidad autónoma, y el del consejo de movilidad.