Las conclusiones del Tribunal de Cuentas en el que ve “falta de control” y “gestión ineficaz” de los fondos mineros han provocado reacciones coincidentes entre la patronal y los sindicatos. Por un lado, aseguran que el “descontrol” era sabido y prefieren mirar al futuro y reclamar al Gobierno central medios, criterios, objetivos y controles que permitan una gestión “eficaz y eficiente” de los fondos que se destinen a la transición energética, con el fin de que no se repita la historia.
El presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, señaló que “ya conocíamos no que se gestionaron indebidamente, sino que no eran eficaces en los objetivos que se perseguían”. El objetivo ahora es que no pase lo mismo con los nuevos fondos destinados a las comarcas mineras y afectadas por la transición energética. De ahí que Feito reclame al Gobierno central “sensatez” y “dirigir esas ayudas a apoyar proyectos generadores de empleo y activadores de la reactivación económica”.
Para conseguirlo “tiene que haber un criterio claro de a qué se quiere dedicar y un mecanismo claro que regule su destino, si se va a regenerar el tejido industrial que se vea afectado, o se va a permitir que se vuelva a las andadas como en los fondos mineros y se dediquen a construir infraestructuras cuya rentabilidad no va más allá de la ejecución de la obra”.
El secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, admitió que la gestión de los fondos mineros ha tenido “luces y sombras”, aunque matizó que el informe del Tribunal de Cuentas debería haber llegado mucho antes para poder corregir aquello que se estaba haciendo por cauces inadecuados. Señaló que con esas ayudas “cambió la estructura socioeconómica de las comarcas mineras, aunque no en la intensidad que a todos nos gustaría, y por otro, se ha ayudado a empresas tan importantes como la Clínica Fernández-Vega, Thyssen y Duro Felguera, entre otras, a mantener y consolidar empleo”. Aunque también hubo cierres y deslocalizaciones.
Alperi incidió en que “las luces y sombras en la aplicación de los fondos mineros se pueden corregir en esta etapa, que puede ser la última posibilidad de generar empleo en los territorios que más han sufrido la reconversión minera”.
Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC_OO de Asturias, remarcó que el sindicato ya había elaborado un informe en 2011 “que coincidía con lo que poner ahora sobre la mesa el Tribunal de Cuentas”. Y agregó que “había una falta total de coordinación entre las administraciones nacional, regional y local, y ya entonces veíamos un claro uso partidista y electoralista de dichos fondos”.
Pero esto “no quiere decir que estas partidas no sirvan para desarrollar una nueva economía en las Cuencas”, aseveró Manzano. “Más allá de una lectura política que sí se debería hacer y nosotros ya hicimos en 2011”, lo que a su juicio no se debe “ es estigmatizar los fondos mineros, que, si no van orientados a hacer propaganda electoral u otro tipo de partidismos, son útiles para poder reactivar las Cuencas y crear empleo”.
La “paternidad” del informe del Tribunal de Cuentas, un “litigio” político
La “paternidad” del informe del Tribunal de Cuentas, un “litigio” político
El Tribunal de Cuentas realizó el “Informe de fiscalización sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras”, con especial referencia a la construcción de la residencia de mayores “La Minería” en Felechosa, por encargo del Congreso de los Diputados. Pero el periplo hasta llegar a este punto ha sido largo y con “litigio” sobre quién es el “padre” que lo engendró.
Era diputado por Ciudadanos Ignacio Prendes, quien antes había presidido la comisión de investigación en la Junta General del Principado sobre el origen de la fortuna del exsindicalista José Ángel Fernández Villa. Ya en junio de 2017 intentó en el Congreso que el Tribunal de Cuentas realizara una “fiscalización integral” de los fondos mineros y en concreto de la construcción del geriátrico del Montepío en Felechosa (Aller). Pero no consiguió sacar adelante su propuesta.
Al decaer, Podemos en Asturias se hizo con la propuesta, a través del Observatoriu Ciudadanu Anticorrupción d’Asturies (Ocan), vinculado a la formación política, y se trasladó al partido en Madrid. Y fue entonces cuando salió adelante la propuesta y el Tribunal de Cuentas inició el expediente.
