El Gobierno del Principado ha puesto en marcha, tras una larga espera de más de un año desde que fue anunciado, la aceptación de la "declaración responsable" para agilizar los trámites de los demandantes del salario social. La medida, que comenzará a aplicarse el próximo día 2 de marzo, supone asumir de inmediato que el solicitante cumple los requisitos para acceder a la prestación, haciendo las comprobaciones a posteriori, y tiene una especial incidencia sobre los beneficiarios que han dejado de recibir la ayuda por encontrar un empleo temporal y que al extinguirse el contrato necesitan volver a percibirla.
La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha informado esta mañana al Consejo de Gobierno de la implantación de esta iniciativa que está incluida en el proyecto de ley de garantía de derechos y prestaciones vitales, que inicia hoy su tramitación en la Junta, y que trata de atajar con cierto retraso el muy controvertido atasco de aspirantes que habiendo trabajado en periodos de tiempo cortos deseaban retomar el cobro del salario social.
Según las estimaciones del Principado, se espera que la medida tenga impacto directo en las 2.500 personas que de media comunican anualmente altas y bajas en prestaciones por desempleo y contratos temporales, así como en los solicitantes que declaran no percibir ingreso alguno. La Consejera ha resaltado esta mañana además las otras decisiones adoptadas por su departamento para agilizar los trámites y reducir la lista de espera del salario social: a partir de mayo se reforzará el servicio con la incorporación de diecisiete empleados públicos más y "se dará prioridad a los puestos relacionados con altas y bajas de contratos laborales o con la formación o el empleo para evitar que el acceso al mercado laboral genere demoras en la prestación. Álvarez reincidió asimismos en sus planes de "impulsar la reincorporación de los beneficiarios de la prestación al mercado laboral a través de medidas vinculadas a la economía verde y el cuidado de las personas".
El Consejo de Gobierno también ha dado luz verde esta mañana al incremento retributivo del dos por ciento para el personal público del Principado, al que se podrá sumar un aumento del uno por ciento a partir de julio si el Producto Interior Bruto (PIB) de 2019 alcanza el 2,5%. Esta mejora beneficiará a 36.907 trabajadores de la Administración autonómica y es la máxima permitida en los Presupuestos Generales del Estado.
La medida tendrá un coste de 35,84 millones, sin incluir posibles subidas posteriores y se hará efectiva en las nóminas de febrero. El aumento se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año. También se han autorizado otros compromisos adquiridos, como el pago de la carrera profesional al personal interino, el tercer tramo del complemento específico transitorio para la plantilla de Justicia -173,75 euros al mes, con un coste anual de 379.634 euros- y el complemento de productividad a abonar en caso de sustituciones verticales, aquellas en puestos superiores a la categoría de los empleados, toda vez que reiteradas sentencias judiciales están condenando a las administraciones públicas no solo a abonar las diferencias de sueldo sino además las diferencias de pagas extraordinarias. El coste estimado es de 15.025 euros anuales.
