Trece de los catorce acusados de la "operación Angliru", destapada a raíz del asesinato en Colombia del joven ovetense Sergio Muñiz, aceptaron ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial penas que suman 31 años y medio de cárcel. Solo uno de los acusados, Francisco Javier G. M., no se conformó con la pena solicitada por la fiscal antidroga, que era de cuatro años y medio de cárcel. Su letrada, Ana Boto, aseguró que su cliente ha sido enjuiciado en cuatro ocasiones y que en tres de ellas fue absuelto, dos veces por el Tribunal Supremo. La letrada pidió la nulidad de las escuchas, al considerar que la Policía no las justificó cuando se inició la operación, en 2014. Además, estima que el presidente de la Sección Tercera, Javier Domínguez Begega, debería haberse inhibido de juzgar este caso, al haber condenado en una ocasión a Francisco Javier G. M., fallo que fue corregido por el Supremo. En cuanto al resto de los acusados, el cabecilla de la red, Antonio P. da F. -defendido por José Manuel Fernández González-, para el que se pedían trece años de cárcel, vio reducida su condena a siete años. Tendrá que pagar, además, 170.000 euros de multa.
