La Fiscalía ha solicitado la clausura de un club de alterne en Novellana (Cudillero) durante cinco años, además de una condena de seis años y seis meses de prisión para su administrador por tener a mujeres trabajando sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, algunas de ellas en situación irregular en España. Se trata de un caso similar al del Model's. El juicio está señalado para las 10.00 horas de mañana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo.
Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, el acusado es el administrador y representante legal de la entidad y responsable del club "Silencio", dedicado a la prostitución y al alterne. El acusado se ocupa de la gestión diaria y de su normal funcionamiento.
La Fiscalía indica en su escrito que el 8 de marzo de 2013, en una visita realizada por miembros de la Inspección de Trabajo y miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, se constató que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne, captadoras de clientes para las distintas actividades de la empresa, nueve personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Algunas de ellas carecían además de permiso de estancia y residencia en España y se encontraban en situación irregular. La empresa, en esa fecha, solamente tenía dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores en este establecimiento a dos personas.
Hubo una nueva visita el 27 de febrero de 2015 de miembros de la Inspección de Trabajo y miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, y se constató que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne, captadoras de clientes para las distintas actividades de la empresa, 13 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los delitos, a 3 años y 3 meses de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena y la pena de multa de 9 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de falta de pago, así como el abono de las costas.
El Ministerio Público solicita además que se imponga a la sociedad las penas de suspensión de actividades y clausura del local "Silencio" durante cinco años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Tesorería General de la Seguridad Social con las cantidades que han dejado de ingresar, más los intereses legales correspondientes.
