La polémica por el nuevo programa de gestión económica implantado este curso en colegios e institutos de la región continúa. La Junta de Personal Docente No Universitario, formada por CC OO, UGT, ANPE, SUATEA y CSIF, advirtió ayer de que un "número muy elevado de centros educativos no ha conseguido cerrar todavía la contabilidad del año 2019", debido a la complejidad y los fallos que está generando el sistema, denominado GICE. Los sindicatos piden a la Consejería de Educación que "asuma toda sanción administrativa o procedimiento jurídico" que pueda derivarse de este retraso.

La presidenta de la Junta de Personal Docente, Marta Mori (CC OO), cargó en rueda de prensa contra la "inoperancia" del Principado a la hora de gestionar el cambio de programa, iniciado ya en octubre. "El programa no ha dejado de dar problemas que no pueden ser atribuidos a una falta de formación de los usuarios: errores en las migraciones de datos, problemas con las claves de acceso, fallos de funcionamiento debido a la falta de estabilidad del mismo...", manifestó. A ello hay que unir que la formación no llegó a todo el personal. De hecho, aseguró, "muchos secretarios no empezaron a recibir las clases hasta enero, es decir, con posterioridad a la fecha en que debían cerrar las cuentas (el 31 de diciembre)".

Los sindicatos docentes pusieron ayer encima de la mesa más problemas: "Los canales establecidos para resolver dudas han sido y siguen siendo insuficientes" y "la falta de equipamientos llegó al punto de que algún centro no recibió el ordenador necesario para instalar el programa hasta finales de diciembre".