La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado a penas que suman 84 años y 9 meses de prisión a 36 de los 38 integrantes de una red de tráfico de drogas que actuaba en diferentes localidades de Asturias, destapada tras el asesinato en 2013 de un joven ovetense en Colombia. Es el fruto de la denominada "operación Angliru", organizada por la Policía Nacional tras el secuestro y asesinato del ovetense Sergio Muñiz por parte de una peligrosa banda colombiana de narcotraficantes.
El pacto de reducción de condena alcanzado por los representantes legales de la mayoría de los acusados (solo uno decidió ir a juicio y otra murió) ha provocado que estas oscilen entre un año y medio y tres años y medio de prisión. Además, varios de los condenados tendrán que pagar multas que suman algo más de 85.000 euros. La sentencia no es firme: puede recurrirse en casación ante la Sala Segunda de la Audiencia.
El tribunal, presidido por María Luisa Barro Bernardo-Rúa y completado por Francisco Javier Iriarte Ruiz y Santiago Veiga Martínez, decretó la libre absolución de uno de los acusados, J. F. T. M, al haber retirado la acusación el ministerio fiscal, tras comprobar que no había elementos suficientes para su imputación, ya que en el atestado instruido pudo existir confusión sobre su identidad con respecto a otras personas.
También fue absuelta M. L. R., puesto de las investigaciones se dedujo que no participaba "en ninguna forma" en la ilícita actividad de tráfico de drogas realizada por su hermano J. J. A. R. y que el dinero (98.800 euros) y objetos ocupados en su domicilio no era producto de esa actividad sino "de su exclusiva propiedad".
El resto de los acusados ha recibido condena. Todos ellos, por ser autores o cómplices de delitos contra la salud pública. Y, además, 11, por pertenencia o complicidad con grupo criminal y uno por resistencia y atentado contra dos agentes a los que provocó lesiones. Treinta de los acusados son drogadictos, lo que fue considerado atenuante, y tres de ellos, reincidentes, lo que supuso un agravante a la hora de establecer las penas.
El tribunal relata cómo la Policía Nacional, tras el asesinato de Sergio Muñiz, empezó a investigar una red de narcotraficantes que actuaba, principalmente, en Pola de Lena, Turón y Mieres. Los agentes descubrieron que el principal miembro y responsable de todas las decisiones de la red, que distribuía principalmente cocaína, era J. J. A. R., que tenía como "lugartenientes" a J. A. G. R. (distribuidor de droga en Turón y Mieres) y L. F. G. (distribuidor en Olloniego).
Los agentes descubrieron además que el grupo tenía una persona encargada de tramitar las "peticiones de droga de terceros", M. C. S. T., así como "distribuidores" en Oviedo, A. A. A.; Aller, R. G. S.; Mieres, D. A. F;, Gijón, J. P. G. P., y otros puntos de la región, como J. M. G. S. y L. M. G. R. La detención de todas estas personas permitió a la Policía localizar drogas, teléfonos móviles, básculas de precisión, dinero en efectivo y vehículos.
Pero los agentes siguieron tirando del hilo y localizaron a más traficantes a lo largo de 2014: distribuidores de heroína en Gijón, como G. R. F. y T. R. L., en cuyo poder también se hallaron diferentes drogas, dinero en efectivo, una báscula y una escopeta de aire comprimido. La investigación de una nueva ramificación permitió localizar a J. F. F., que distribuía heroína en Gijón, y a quien se le intervinieron efectos similares a los anteriores, incluida también otra escopeta.
Las investigaciones permitieron asimismo localizar a M. V. L, que traía heroína a Asturias desde Salamanca, y a J. M. G. S., que la vendía en Gijón. En noviembre de 2014, en el polígono de Argame, en Morcín, fueron detenidos H. G. D., que causó lesiones a dos agentes y J. M. G. Asimismo fueron apresados dos vendedores de droga al menudeo en Mieres y Pola de Lena, J. A. O. L. y N. B. N., y un proveedor de heroína, M. R. J., entre otras personas.
