La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha defendido este martes que el establecimiento de medidas de alivio del confinamiento en las residencias de mayores de la comunidad, deben iniciarse con "prudencia" y "flexibilidad" en función de la situación de cada equipamiento.
Durante su comparecencia ante el grupo de trabajo creado en la Junta General para analizar la pandemia de la coronavirus, ha insistido en que la aplicación de futuras actuaciones será "por hitos y no por fechas" y se pondrán en marcha "en cuanto sea posible".
Según ha indicado, es importante fijar "medidas de alivio" en los centros geriátricos para que los efectos del confinamiento "no hagan excesivamente mella" en la salud de los mayores mediante la utilización de espacios comunes "con total seguridad".
La consejera ha indicado que los protocolos para que los familiares puedan realizar visitas y para los nuevos ingresos ya están concluidos. También ha señalado que se prevé incorporar "a la mayor brevedad" a los profesionales que trabajaban en estas residencias y que, hasta el momento, se encontraban confinados.
La consejera además ha insistido en que su departamento sigue trabajando en planes de contingencia para hacer frente a posibles rebrotes que puedan tener lugar en las próximas fases de desescalada.
Álvarez ha explicado que la Consejería está diseñando una propuesta para la transición hacia una "nueva normalidad" del sistema asturiano de servicios sociales, que aplicará a través de un modelo "en burbujas".
Según ha precisado, mientras en un recurso se podrán aplicar medidas de la fase 2, otro podría estar aún en la 1 por motivos derivados de su situación epidemiológica, capacidades del recurso y la vulnerabilidad de su población destinataria.
"La complejidad de la situación y su imprevisibilidad requiere tener la capacidad de tomar decisiones ágiles basadas en información veraz", ha indicado antes de avanzar que para todo ello se creará la Comisión Sociosanitaria para la desescalada.
"Las decisiones que se tomen a este respecto son cruciales y, por ello, entendemos que en este proceso resulta fundamental contar con la participación de los agentes sociales claves que, además de ser una representación efectiva de la sociedad asturiana, serán, en esta desescalada", ha abundado.
Álvarez ha comentado que la hoja de ruta debe ser entendida como un "documento vivo" y una propuesta en "continua actualización y evaluación" por parte de profesionales expertos y cuya implantación responderá estrictamente a las decisiones que el Gobierno de España o en el ejercicio de sus competencias de las autoridades sanitarias autonómicas tomen. Hasta el momento, un total de 14.438 profesionales sociosanitarios y 7.829 residentes han realizado la prueba para el diagnóstico del nuevo coronavirus.
La consejera ha admitido que su departamento espera "desde el minuto uno" la interposición de denuncias por parte de los familiares de usuarios con motivo de la gestión de la crisis de la Covid-19, tras haberse registrado la primera a la red pública ERA. En este sentido, ha apuntado que ha llegado un requerimiento para aportar documentación "sobre un caso en concreto".
