La vuelta al trabajo presencial, ayer, de varios miles de funcionarios autonómicos (el Principado no aportó cifras) generó malestar entre buena parte de los afectados y de sus representantes sindicales. La mayoría cree que la situación actual, con la pandemia aún por controlar y con riesgo de rebrotes, exige mantener en lo posible el teletrabajo, como recomienda además la normativa estatal.
Los sindicatos consideran que los centros de trabajo de la Administración regional" no están preparados para el regreso" de la plantilla y consideran "indispensable" que se realicen test a todos los empleados públicos que vuelvan al trabajo presencial. Además, los servicios del Principado no consideran personal de riesgo a personas con patologías que sí están recogidas en la normativa nacional referida a este colectivo, como los afectados por hipertensión crónica o diabetes, denunció la vicepresidenta autonómica de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), María San José.
Aunque el regreso al trabajo presencial fue "tranquilo", San José resaltó que existen "deficiencias", como la ausencia de mascarillas, que los responsables de la Administración autonómica ya han anunciado que solo entregarán a las personas de riesgo, puesto que no son obligatorias si se mantiene la distancia de seguridad. San José rebatió este argumento indicando que, aunque los empleados en sus puestos estén distanciados de sus compañeros o protegidos por mamparas, "tienen que entrar, salir, moverse, ir al baño...". Destacó que el problema será "aún mayor" a medida que se sigan reincorporando trabajadores, en las próximas semanas.
"Lamentamos que no se prolongue más allá el teletrabajo, que ha demostrado su eficiencia, que la normativa nacional señala como prioritario y que el mismo Principado reconoce que resultó un éxito. Sabemos que hay funciones que deben ser presenciales, pero otras muchas, no", añadió. Aunque no existe aún normativa reguladora del teletrabajo, se mostró convencida de que se podría desarrollar, porque "si hay voluntad entre las dos partes habrá acuerdo, seguro".
"El problema es la interpretación restrictiva del Principado sobre el teletrabajo, pese a que la normativa estatal la recomienda de forma preferente", subrayó Marco García, responsable de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI). "Se pide volver a gente que no hace falta que vuelva y a quien quiere seguir teletrabajando", criticó García.
El dirigente de CSI subrayó otro "grave problema": que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, tanto en el apartado técnico como en el médico, está "infradotado", y, en consecuencia, sus integrantes "saturados. Han tenido que realizar miles de valoraciones en una semana, no dan abasto", añadió. García exigió el refuerzo "inmediato" del servicio.
