Los dirigentes de Podemos Asturies están dispuestos a negociar con el Gobierno de Adrián Barbón la reforma del sector público autonómico. Pero antes, la formación morada quiere conocer, "a la mayor brevedad", la relación desglosada por categorías de las plantillas de cada uno de los organismos y entes públicos sujetos al régimen de contabilidad privada pero dependientes de los presupuestos del Principado de Asturias, así como las de todas las empresas públicas que se nutren de las arcas regionales. "Paradójicamente, a día de hoy desconocemos cuál es la plantilla total" de esas entidades, denunció Podemos.

"Esas plantillas no se hacen públicas y, por lo tanto, es un misterio cuántos y quiénes componen por ejemplo las 12 entidades y fundaciones sometidas a régimen de contabilidad privada y las 17 empresas públicas que dependen totalmente de los presupuestos asturianos (con participación del 100 por ciento de la Administración autonómica), criticó la formación morada, que añadió que esta "falta de transparencia no es de recibo" al tratarse "de empresas, entidades y fundaciones sostenidas con fondos públicos".

Podemos manifestó su sorpresa por el hecho de que el Ejecutivo haya dividido las competencias del sector público en dos consejerías. "Por un lado, el vicepresidente Juan Cofiño asume 'sector público', pero Hacienda asume las competencias de las empresas y fundaciones públicas", señala Podemos, que pregunta si de esta manera aumentará el control sobre esas entidades o si por el contrario "se quiere reformar el sector público sin tocar precisamente los entes donde más recursos se despilfarran de la Administración y mayores duplicidades hay".

Según la formación que capitanea Daniel Ripa, la reforma de la función pública debe comenzar "por entender la magnitud del sector público paralelo y por reconocer cuántos cientos de personas ostentan un cargo de libre designación o reciben complementos discrecionales por parte del Gobierno". Exige asimismo auditar a las empresas públicas y fundaciones de la "administración paralela", que "carecen de controles en la selección de personal y en los altos cargos, con predominio de la 'dedocracia' frente a la igualdad, mérito y capacidad".

En todas estas empresas y fundaciones "ha de hacerse público el listado tanto de altos cargos como de trabajadores con complementos de dirección discrecionales". Y pide evaluar los contratos de gestión de servicios públicos a empresas privadas, fundaciones u organizaciones sociales que podrían ser realizados por la administración "con mayor calidad y eficiencia del servicio".