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Asturias quedará fuera de las ayudas al despoblamiento si no cambia la propuesta

La redacción de la moción presentada por Teruel Existe excluye cuarenta y cuatro provincias al hablar solo de la "España vaciada" y no "abandonada"

Esquina de la calle Mayor y la avenida de América en Pola de Allande. MIKI LÓPEZ

Asturias podría quedar fuera de las ayudas del plan de recuperación de la "España vaciada" y el reto demográfico, solicitado en una moción de Teruel Existe, aprobada el pasado 25 de junio en el Congreso, si no se corrige un fallo en la redacción del documento, tal como señala la Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica, que advierte de la exclusión de 44 provincias, al hablarse solo de la "España vaciada" y no de la "España abandonada", lo que conlleva distintos cómputos, según los criterios europeos para la concesión de los fondos ligados al plan de recuperación comunitario.

El Congreso respaldó con mayoría absoluta de apoyos -295 síes, 52 abstenciones de los diputados de Vox y ningún voto en contra- la moción presentada por Teruel Existe, en la que insta al Gobierno a actuar poniendo en marcha con la mayor rapidez posible un "plan de reactivación de las zonas despobladas" e impulsando un pacto estatal que se ha denominado "Pacto de Estado: hacia una España vertebrada, por el equilibrio territorial, la sostenibilidad y el reto demográfico en la España vaciada".

La Asociación para el Desarrollo de la Serranía Celtibérica recalca que aunque la exposición de motivos de la interpelación aclara que se impulsa ante la preocupación "por la crisis funcional de amplios territorios de España con una grave y permanente pérdida de población", y se considera que "la lucha contra la despoblación y el reequilibrio territorial, social, económico y demográfico de la España rural es una cuestión de Estado", cuando se habla de las zonas despobladas de España únicamente se hace referencia a las provincias de la "España vaciada", lo que se reduce a Teruel, Soria y Cuenca, las únicas unidades territoriales estadísticas (NUTS) españolas que tienen menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado.

En cambio, la "España abandonada", que no vaciada, se extiende por 44 provincias, en las que viven 2,4 millones de personas, ocupa 277.526 kilómetros cuadrados y tiene una densidad media de 8,69 habitantes, consideración en la que entran amplias áreas de Asturias.

La solución propuesta por la asociación sería incluir en los criterios de reparto a las unidades territoriales estadísticas no administrativas; es decir, que no necesariamente tengan que coincidir con una provincia, con densidades inferiores a 8 y 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, una medida compatible con la legislación europea desde 2003. Ese año, el Parlamento Europeo y el Consejo acordaron una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas, donde además de las unidades administrativas, se impulsa la creación de NUTS correspondientes a unidades no administrativas, que deben reflejar "las circunstancias económicas, sociales, históricas, culturales, geográficas o medioambientales". Por ejemplo, Laponia se considera una "NUT no administrativa" que une varias regiones de Finlandia y Suecia. Las NUTS no administrativas de España fueron recogidas por el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en su estudio sobre "La situación demográfica en España. Efectos y consecuencias", del "Informe anual 2018", entregado a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el 13 de junio de 2019, poniendo sobre la mesa el cuadro y el mapa elaborados por la investigadora Pilar Burillo. De no ser así, las NUTS no administrativas de la "España abandonada" no serán receptoras directas de los fondos anunciados por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen: los 540.000 millones de euros destinados a la crisis pandémica, los 750.000 millones de la Next Generation EU y los 1,1 billones del marco financiero plurianual.

El plan presentado por Teruel Existe debe contar con una perspectiva verde e inclusiva, sostenible para los territorios y equitativo para las personas, integrando las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados en esta materia.

Uno de sus ejes es un programa para la modernización de las infraestructuras de transportes y de telecomunicaciones con el fin de que alcancen cualquier núcleo de población del medio rural y con el que se pretende conseguir una mejora de los accesos territoriales.

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