El Gobierno del Principado se propone inspeccionar de aquí a final de año las 259 residencias de personas mayores y con discapacidad, tanto públicas como privadas, existentes en la región, según contempla el Plan de Inspección de Servicios Sociales 2020, publicado ayer en el Boletín Oficial del Principado. El documento recoge la necesidad de realizar una labor de control extra debido a la crisis sanitaria y su impacto en estos centros.
El objetivo es detectar, en caso de que las hubiera, situaciones de deficiente atención a los usuarios para aplicar las medidas de corrección que se consideren necesarias. El plan especifica que será el Servicio de Inspección y Calidad, en coordinación con el Servicio de Planificación e Innovación Social, el encargado del seguimiento de alerta temprana, tanto si se descubre algún positivo por coronavirus en alguno de los centros como ante cualquier otra situación de riesgo para los residentes.
