Campus a la americana, con más fichajes de talento y menos peso de funcionarios. Eso es lo que propone el ministro Manuel Castells en el borrador del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI), con el que pretende reformar de arriba a abajo la universidad pública española. El texto recoge una vía alternativa a la del funcionario para tener un puesto fijo de profesor: la de contrato laboral indefinido. Esto quiere decir que los catedráticos pueden ser también personal laboral, una posibilidad que ya explotan Cataluña y País Vasco. La medida no convence a los tres principales sindicatos de la Universidad de Oviedo: SIPU-SAIF, CC OO y CSIF. Sus representantes tienen "dudas" sobre cómo se va a articular la doble carrera y alertan de una "pérdida de homogeneidad" en las figuras si cada comunidad legisla lo suyo.
Según la propuesta de Castells, las nuevas figuras de profesor titular y catedrático contratado tendrán las mismas condiciones y requisitos que sus homólogos funcionarios. Sin embargo, no concreta más. "No sabemos con qué objetivo se hace ni si necesitarán la acreditación de la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación). Así, a priori, puede parecer buena idea, pero todo depende de cómo hagan los procedimientos", dice Carmen Fernández Rubio, de SIPU-SAIF, que fue la fuerza más votada en las elecciones sindicales de 2019. Las mismas "incógnitas" tiene Ignacio Loy, delegado sindical de CC OO. "Si a la figura funcionarial y laboral se le va a exigir una acreditación, ¿para qué hacemos dos entonces? Y si solo se va a pedir a una, ¿que habrá catedráticos de primera y de segunda?", se pregunta.
Daniel Santos, responsable de Educación de CSIF, es más directo y su organización se opone a "americanizar" los campus españoles. "Nosotros la doble carrera la consideramos un despropósito. El modelo americano va en contra de lo que supuestamente defiende este Gobierno: son universidades elitistas que pagan lo que sea a grandes figuras", reflexiona. Santos recuerda que en América no existen las acreditaciones y que en Cataluña y el País Vasco las tramitan ellas mismas. Si el nuevo estatuto deja en manos de las comunidades el desarrollo legislativo de las figuras docentes, "corremos el riesgo de tener 17 modelos diferentes de universidad en España". Y eso, añade, "no es lo que necesitamos". Se da la circunstancia, además, que Asturias fue la comunidad con mayor porcentaje de docentes e investigadores funcionarios en el curso 2018-2019 respecto a la plantilla total: un 59,2%. Le siguen Galicia (54,3%), La Rioja (52,8%) y Andalucía (50,4%).
Los representantes del PDI asturiano reconocen que hacía falta un estatuto, sobre todo, por integrar a los profesores más jóvenes y vulnerables, pero el de Castells no es el que esperaban. Ignacio Loy, de CC OO, habla de un "mal procedimiento". "El último paso debe ser poner un articulado encima de la mesa. Primero hay que analizar cuáles son los problemas de la universidad y segundo, buscar posibles soluciones", opina. Daniel Santos, de CSIF, coincide en el análisis: "Todo esto se trató con el ministro Duque y luego murió el debate. Y ahora de repente nos saltan con un borrador sin haberlo negociado previamente como tantas veces pedimos".
En lo que están de acuerdo todos sindicatos es en establecer severos controles para ejercer como docente asociado, como plantea Castells. Según la legislación, un asociado es un profesional que tiene como actividad laboral secundaria impartir un número limitado de clases en la universidad. Sin embargo, las instituciones académicas han hecho "un uso y abuso" de esta figura, en palabras de Carmen Fernández, de SIPU-SAIF, dando lugar a los que se conocen como falsos asociados. Fue una entrada precaria a la universidad durante los años de la crisis. "Muchos ganan 300 euros al mes. Esto no puede ser", agrega. Hacen lo mismo que un profesor a tiempo completo, pero no tienen la oportunidad de concursar por una plaza o hacer carrera académica. "Afortunadamente", remarcan los profesores asturianos, a la Universidad de Oviedo le pilla "en un momento de retroceso". Su eliminación ha sido una de las luchas del rectorado de Santiago García Granda y en la actualidad ya "quedan muy pocos". "Esto sucedió porque el perverso decreto de Wert impedía hacer contrataciones. Y si todas las puertas están cerradas menos una, tiras por la que está abierta", explica Ignacio Loy, profesor e investigador de la Facultad de Psicología.
El estatuto del PDI del Ministro de Universidades señala que los asociados tendrán que demostrar que tienen un trabajo principal fuera de la institución y solo podrán impartir un máximo de 60 horas de clase cada curso. Ahora dan hasta 100 en algunos casos. Otra de las novedades del estatuto es que se eliminan las categorías de profesor ayudante y profesor ayudante doctor y se crea en su lugar la de profesor doctor, el primer escalón en la carrera universitaria. El Gobierno permite contratar, aunque de "forma transitoria" durante los tres próximos años, a titulados superiores que todavía no han conseguido el doctorado, y para lograr una plaza de titular obliga a estar al menos 9 meses en el extranjero.
Potenciar la internacionalización es otro de los objetivos de Manuel Castells. Para ello, creará la figura de profesor extraordinario -durante la etapa de Duque se habló de profesor visitante- para atraer a docentes extranjeros sin trabas burocráticas. Todos los años se conocen casos de científicos brillantes que no pueden dar clases en España al no cumplir los requisitos de la ANECA. "Tú crea las figuras que quieras que sin equiparación salarial no atraemos a nadie", dice Ignacio Loy, dado que los sueldos en el extranjero son mucho más elevados que en la universidad española. No obstante, afirma Daniel Santos, "puede ser una oportunidad para fichar a grandes profesionales" y acabar con la endogamia. A nivel nacional, el 40% de los profesores que vienen de fuera eligen Cataluña.
